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Más de una tercera parte del consumo de bebidas alcohólicas en los hogares costarricenses corresponde al mercado ilícito, cuya participación pasó del 15,3% en 2016 al 37,2% en 2022, según las estimaciones del Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI).
El incremento de 21,9 puntos porcentuales evidencia que la proporción de licor comercializado ilegalmente se duplicó durante ese periodo, según un análisis divulgado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
“Vemos con preocupación el crecimiento que ha tenido el comercio ilícito de licores en el país. Esto evidencia que este es un problema grave que el país debe atender, principalmente, por la afectación que puede tener sobre la salud de las personas, donde hemos tenido casos en el pasado de productos que generan ceguera o inclusive la muerte de personas por el consumo o por las intoxicaciones”, indicó Ricardo Carvajal, director ejecutivo del OBCI.
La estimación, presentada en 2026 con datos de referencia de 2022, calcula que el mercado ilícito de bebidas alcohólicas alcanza ¢75.914 millones. Esta categoría registra la segunda mayor incidencia de comercio ilegal entre los productos analizados, únicamente superada por los cigarrillos.
El ingreso de licor por pasos fronterizos no autorizados representa una de las principales modalidades identificadas en el estudio, que señala la zona sur como el principal punto de entrada de estos productos.
Según la investigación, las redes de contrabando modificaron sus métodos de transporte. La movilización de pequeñas cantidades, conocida como comercio hormiga, dio paso al uso de vehículos de doble tracción y camiones pequeños, algunos adaptados para transportar mayores cargas.
“Cada vez más son grupos criminales organizados los que están importando y distribuyendo esos productos en el país, por lo que es necesario revisar todas las características que están generando el crecimiento de este consumo”, agregó Carvajal.
Estas unidades utilizan rutas alternativas para evitar retenes y controles fronterizos, debido a que buena parte de los productos ingresa sin pasar por las aduanas.
La comercialización también se extendió a las redes sociales y viviendas particulares, donde los compradores realizan pedidos mediante aplicaciones de mensajería, reciben entregas a domicilio y efectúan pagos por Sinpe Móvil.
Además del incumplimiento tributario, la Cámara advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados a la adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas.
El consumo de productos contaminados con metanol puede provocar ceguera, daños renales e incluso la muerte, por lo que el Ministerio de Salud ha emitido advertencias sobre la comercialización de guaros y aguardientes adulterados.
Revisión de los impuestos
La Cámara considera que la elevada carga tributaria sobre las bebidas alcohólicas favorece el contrabando, debido a la diferencia de precios entre los productos que cumplen sus obligaciones fiscales y aquellos que ingresan ilegalmente.
“Desde la Cámara consideramos que debemos atacar la raíz del problema y quitarle este negocio al crimen organizado. Por eso planteamos revisar y simplificar la carga tributaria sobre los licores, para reducir los incentivos al contrabando y fortalecer el comercio formal”, manifestó Carvajal.
La organización propuso acompañar esta revisión con mayores controles aduaneros, herramientas tecnológicas, fortalecimiento de la investigación y coordinación entre las autoridades y los empresarios.
También advirtió que los establecimientos formales enfrentan competencia de productos que evaden impuestos, mientras el Estado deja de percibir ingresos y las redes ilegales obtienen recursos para financiar otras actividades delictivas.