Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos: desafíos, negociaciones y oportunidades

Opinión

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Nuestra relación comercial con Estados Unidos (EE.UU.) es, sin duda, la más importante para nuestro país. 

En 2024, el comercio total de bienes entre ambos países se estimó en $21,3 mil millones. Las exportaciones de Costa Rica hacia EE.UU. fueron de $11,6 mil millones, un aumento del 11,2% con respecto a 2023, mientras que las importaciones sumaron $9,7 mil millones, un aumento del 7,7% en comparación con el mismo año. 

El superávit comercial de bienes que tenemos con ese país norteamericano fue de casi $2,0 mil millones en 2024, lo que representa un incremento del 32,1%. Representa el 45% de nuestras exportaciones, consolidándose como nuestro principal socio comercial. 

No obstante, esta estrecha relación ha sido puesta a prueba tras la imposición de un arancel del 10% a nuestras exportaciones por parte del gobierno norteamericano.

En un contexto global marcado por un retorno al proteccionismo comercial, somos el primer país de América Latina que ha iniciado negociaciones formales con Estados Unidos.

Aunque otros países de la región, como México, Colombia y Argentina, han estado en contacto con Washington, ninguno ha alcanzado el nivel de interlocución técnica que hemos logrado. Esta posición nos otorga una ventaja competitiva y estratégica que debemos aprovechar.

“Las negociaciones con EE.UU. no deben verse solo como una medida reactiva ante un nuevo arancel, sino como una oportunidad para reformar nuestras estructuras regulatorias”

Entre las principales preocupaciones planteadas por EE.UU. se encuentran cinco temas: impuestos diferenciados sobre licores que favorecen a productores nacionales; restricciones a la importación de papa; desigualdad en la participación en licitaciones públicas; trámites complejos para registros sanitarios y fitosanitarios; y debilidades en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Varios de estos puntos ya habían sido señalados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense, además, nos cuestiona por no reconocer de forma automática o simplificada los productos que ya han sido aprobados por agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o el Departamento de Agricultura (USDA), lo cual debilita nuestra credibilidad como socio comercial estratégico.

El reconocimiento mutuo, basado en la equivalencia regulatoria, debe convertirse en una herramienta central de nuestra política comercial. Esto no significa renunciar a los controles sanitarios ni poner en riesgo la salud pública, sino confiar en agencias reconocidas internacionalmente y adoptar un enfoque basado en riesgos, que clasifique los productos según su potencial impacto sanitario.

Debemos revisar nuestro marco regulatorio para eliminar disposiciones que impidan la simplificación de los procesos de importación, además de digitalizar completamente los trámites. 

En paralelo, avancemos en acuerdos técnicos bilaterales con Estados Unidos, como memorandos de entendimiento o protocolos específicos por sector, que permitan establecer rutas claras para productos con antecedentes de cumplimiento.

Las cámaras empresariales y los gremios exportadores e importadores también tienen un rol clave en esta transformación. Deben colaborar activamente con las autoridades, identificar los principales cuellos de botella y proponer soluciones técnicas viables. Esta es una tarea conjunta entre el sector público y el privado, porque el éxito del comercio exterior depende de la sinergia entre ambos actores.

El tratado de libre comercio Cafta-DR establece compromisos claros para facilitar el comercio, evitar medidas arbitrarias y garantizar procesos justos y no discriminatorios. El incumplimiento sistemático de estos principios puede derivar en reclamos y sanciones, como las que ya hemos empezado a experimentar.

Las negociaciones con Estados Unidos no deben verse solo como una medida reactiva ante un nuevo arancel, sino como una oportunidad para reformar profundamente nuestras estructuras regulatorias, mejorar nuestra competitividad y consolidar a Costa Rica como un socio confiable, ágil y moderno en el comercio internacional.