Diversas organizaciones y colegios profesionales de Costa Rica han manifestado su absoluto rechazo al proyecto de ley presentado por la diputada Marta Esquivel, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La iniciativa, bajo el expediente N.° 25.747 y denominada “Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura”, busca eliminar la colegiatura obligatoria como regla general para el ejercicio de las profesiones liberales, prohibir la fijación de tarifas mínimas y suprimir timbres y cuotas obligatorias.
Para los entes profesionales, esta propuesta representa una grave amenaza al control de la ética, la fe pública y la seguridad de la ciudadanía, equiparando el ejercicio profesional calificado a una simple actividad mercantil.
La Unión de Fiscalías de Colegios Profesionales de Costa Rica, que agrupa a los fiscales encargados de supervisar el correcto ejercicio de cada profesión, emitió una alerta categórica rechazando el expediente legislativo. Según la organización, la propuesta debilita la capacidad de los colegios profesionales para vigilar y sancionar malas prácticas, faltas éticas o fallas técnicas de sus agremiados.
“El proyecto de ley plantea equiparar el ejercicio profesional a una lógica estrictamente comercial”, advirtió la agrupación de fiscales.
De aprobarse, señalan que miles de profesionales activos quedarían exentos de supervisión ética y control disciplinario, lo que privaría a los usuarios de una vía directa para denunciar y exigir responsabilidades ante servicios deficientes o negligentes.
La Unión de Fiscalías recordó que esta fiscalización es de carácter público. De hecho, el papel regulador de los colegios está respaldado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional que, en su sentencia 2000-005137, ratificó que estas instituciones ejercen el control de sus miembros “en beneficio de los particulares que utilizan los servicios”. Sin esta vigilancia permanente, advierten sobre el inminente aumento del ejercicio ilegal de las profesiones (intrusismo) y la desprotección de los ciudadanos frente a profesionales sin la preparación requerida.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica se sumó formalmente a la oposición, catalogando el proyecto de ley como un riesgo para los derechos de terceros y la fe pública.
Su presidente, Francisco Ovares Moscoa, desmintió que la postura del colegio responda a “privilegios gremiales o una oposición a la libre competencia”, destacando que por décadas han ejercido labores de fiscalización técnica y ética fundamentales para el Estado.
Ovares cuestionó una aparente contradicción en la propuesta de Esquivel: el mismo texto legislativo reconoce que la colegiatura obligatoria es necesaria cuando una profesión afecta la fe pública o derechos de terceros, pero aun así pretende hacer voluntaria la afiliación para la Contaduría Pública.
“Los Contadores Públicos Autorizados emiten certificaciones e informes con carácter de documento público que fundamentan decisiones de empresas, personas e instituciones”, recordó el jerarca.
El Colegio detalló varias de las consecuencias más críticas de la iniciativa:
Por su parte, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) confirmó que sus instancias técnicas se encuentran analizando detalladamente el texto legislativo presentado el pasado 27 de agosto de 2026.
El CPIC insistió en que cualquier reforma a la colegiatura debe partir de un análisis riguroso y diferenciado de los riesgos propios de cada sector, en lugar de una regla generalizada.
Para el área de la informática, el colegio destacó que existen responsabilidades críticas y transversales que impactan directamente a la sociedad, tales como:
El CPIC instó a los diputados a considerar si las medidas propuestas en el proyecto realmente garantizan la idoneidad profesional, la conducta ética y la rendición de cuentas de quienes operan estos entornos de alta sensibilidad.
El expediente N.° 25.747 propone que la colegiatura sea estrictamente voluntaria para trabajar tanto en el sector público como en el privado.
No obstante, el proyecto contempla mantener la obligatoriedad únicamente en un grupo reducido de excepciones ligadas a la salud (Medicina, Farmacia, Odontología, entre otras), el ejercicio judicial (abogados litigantes y notarios) y ciertas ramas de la ingeniería (civil, mecánica, eléctrica) donde una falla comprometa directamente la vida o la seguridad pública.
Además de prohibir la imposición de tarifas mínimas y sustituirlas por montos de referencia discrecionales, el proyecto obliga a los colegios a presentar un plan de transición financiera en un plazo máximo de seis meses para adaptarse a la eliminación de sus ingresos por timbres y contribuciones obligatorias.