El proyecto de ley 21.963 pretende crear el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (Sinca) para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia.
La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Catalina Montero y pretende fundar una institución que se encargue de dar cuidados a personas adultas mayores.
Este departamento tendría su dependencia en Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que se encarga de regular las políticas con las que se pondría en marcha el Sinca.
“La presente ley crea el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia (Sinca), el cual tendrá como objeto optimizar los recursos existentes y articular los servicios de atención general o especializada que brindan instituciones públicas y privadas para garantizar la calidad de vida de las personas sujetas de cuidados y de las personas cuidadoras.
Los servicios de atención general o especializada deberán ser inclusivos, con enfoque de género, centrados en la persona y en su curso de vida, aprovechando modalidades residenciales, a domicilio, de asistencia personal, educativas, de salud, recreativas, nutricionales, entre otras”, menciona el texto.
Este proyecto generó molestias en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) y su presidenta, Carmen Loaiza, visitó DIARIO EXTRA para manifestar el enojo del gremio con la propuesta.
Los argumentos del CECR indican que el texto omite establecer los criterios técnicos y la instancia encargada de valorar el grado de dependencia de las personas adultas que serán beneficiadas.
En el país hay un número de personas que se encargan de darle cuidados a personas adultas mayores o que necesitan algún tipo de asistencia sin ser profesionales en el área.
Incluso, se sabe que existe al menos 50 sitios donde se imparte el curso de asistentes de pacientes, cuyos temarios contemplan funciones que competen únicamente a un profesional en enfermería capacitado.
Para el colegio, este proyecto busca profesionalizar a estar personas, lo que genera un nuevo mercado de cuido de personas, pero no menciona cuáles serían las regulaciones de este negocio.
“Debemos recordar a los señores y señoras diputadas que el cuidado de las personas en situación de dependencia es competencia preferente de nuestra profesión, una ciencia de la salud reconocida histórica e internacionalmente.
Para terminar, resulta sumamente grave que en la redacción de dicha propuesta se omitiera por completo el criterio técnico de este colegio profesional, institución que solicitó participar en dicho proceso desde hace más de siete meses.
Por lo que pedimos a todos los profesionales de enfermería rechazar este nuevo intento por precarizar nuestra profesión, así como a mantenerse informados de esta discusión”, declaró Loaiza.
DENUNCIAS
En lo que va del 2021, el CECR ha recibido 20 denuncias sobre situaciones anómalas con respecto a errores cometidos por personas que no tienen la capacitación profesional mínima para ejercer como lo hacen en la actualidad.
Los expedientes son 11 provenientes de hogares, 3 de clínicas privadas, 1 de instituciones educativas, 4 de asistentes o cuidadores particulares y 1 de una empresa que ofrece servicios de enfermería sin el personal capacitado.
Las denuncias han sido interpuestas por familiares, exfuncionarios y trabajadores de los centros, enfermeros profesionales, médicos, entre otros, quienes alertas al colegio de la alta demanda de personas empíricas que realizan procedimientos para los que no fueron capacitados ni llevaron el estudio que tienen los profesionales en enfermería.
Entre los tipos de faltas más comunes está la designación a personal asistencial las funciones que le competen a una enfermera, como administración de tratamientos, curaciones de heridas, alimentación por distintos tipos de sondas, tomas de glicemias por micrómetro y otras.
También se detectan errores cometidos por el “asistente o cuidador” en las dosis terapéuticas de medicamentos prescritas por médicos particulares y de la CCSS, además de caídas de personas adultas mayores sin un abordaje eficiente y eficaz de las mismas.
Maltratos psicológicos, administración de medicamentos vencidos en adultos mayores, incumplimiento de ordenes sanitarias y la falsedad ideológica al presentarse como profesionales cuando no lo son, forman parte de estas denuncias.
El CECR ha tenido contacto con diversos diputados en la Asamblea Legislativa con el fin de hacer conciencia sobre la gran afectación, no solo económica, sino también de salud en pacientes que puede provocar la aprobación de este plan presentado por el Gobierno.
El proyecto fue parte de la convocatoria del Ejecutivo para este periodo extraordinario, por lo que se mantiene en el plenario esperando que sea discutido por los diputados.