En un pronunciamiento emitido por su junta directiva, el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica manifestó su profunda preocupación y absoluto rechazo al proyecto de ley N.° 25.747, presentado por la diputada oficialista Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La iniciativa, denominada “Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura”, busca eliminar la obligatoriedad de incorporarse a los colegios profesionales como regla general para el ejercicio de las profesiones liberales.
Para el Colegio de Criminología, esta propuesta representa una amenaza directa a la fiscalización del ejercicio profesional en disciplinas de alta sensibilidad social, tales como la Criminología, Ciencias Criminológicas, Ciencias Policiales, Investigación Criminal, Administración Policial y Prevención del Delito, y Criminalística.
El gremio advierte que el ejercicio de estas disciplinas incide de manera directa en la seguridad pública, la prevención de la violencia y la investigación del delito, por lo que resulta sumamente grave que no fueran contempladas dentro de las excepciones de obligatoriedad que el proyecto de ley sí mantiene para otros sectores.
El principal cuestionamiento del gremio radica en que el proyecto suprime los mecanismos actuales de control ético profesional sin proponer una alternativa equivalente. Aunque la propuesta legislativa de la diputada Esquivel plantea sustituir la incorporación por un “Registro Nacional de Profesionales” adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Colegio aclara que registrar un título académico no equivale a realizar un control ético permanente del ejercicio.
Además, advierten que el proyecto limita las capacidades sancionatorias y disciplinarias de los colegios únicamente a sus miembros voluntarios. Esto crearía una peligrosa desigualdad y un doble estándar ético.
Otro de los peligros críticos señalados por los criminólogos es el debilitamiento de los alcances y límites de cada disciplina. Actualmente, los colegios profesionales actúan como entes de control para garantizar que las tareas complejas sean ejecutadas exclusivamente por personas idóneas y debidamente formadas.
De aprobarse la reforma, se abriría la puerta a traslapes, invasión de competencias y al ejercicio de tareas especializadas en seguridad y criminalidad por parte de profesionales de otros campos sin la capacitación adecuada.
“Proteger los campos de ejercicio profesional no constituye únicamente una defensa gremial; significa procurar que funciones especializadas sean ejercidas por quienes poseen la formación e idoneidad correspondientes”, argumenta la institución en su comunicado.
El Colegio de Profesionales en Criminología se unió al coro de rechazo de otras agrupaciones del país, como el Colegio de Contadores Públicos, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) y la Unión de Fiscalías de Colegios Profesionales, que también han alertado sobre los efectos nocivos de equiparar el ejercicio profesional calificado a una simple actividad de carácter mercantil.
Finalmente, el Colegio instó respetuosamente a los diputados de la Asamblea Legislativa a reconsiderar la iniciativa y realizar un análisis técnico y diferenciado que valore la incidencia social de cada profesión, los bienes jurídicos tutelados y las graves consecuencias que tendría para la protección del interés público desmantelar los actuales sistemas de control ciudadano.