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La Junta Directiva saliente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica aprobó, en diciembre de 2025, una serie de despidos con responsabilidad patronal que representaron un gasto superior a ₡90 millones para la institución.
Según la información oficial, se ejecutaron 10 ceses laborales sin justificación disciplinaria: seis correspondieron a cargos de dirección, tres a jefaturas y uno a una supervisión. Las salidas se produjeron de forma simultánea, lo que implicó la desvinculación de puestos considerados estratégicos para la gestión institucional, sin que existiera un proceso de transición ordenado.
Las decisiones se tomaron después de las elecciones del 6 de diciembre, cuando ya era de conocimiento público que esa Junta Directiva no continuaría en funciones, y antes de que asumiera la nueva administración.
En términos económicos, el impacto se desglosó de la siguiente manera:
₡77.583.721,94 se pagaron directamente en liquidaciones durante diciembre, mientras que ₡12.680.256,01 correspondieron a un anticipo del aporte patronal girado previamente a la Asociación Solidarista. El monto total asociado al proceso alcanzó los ₡90.263.977,95, todos derivados de despidos con responsabilidad patronal efectuados ese mes.
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Pese a este escenario, la administración entrante informó que actuó de inmediato para garantizar la continuidad del servicio a las personas agremiadas. A la fecha, ya se han cubierto vacantes en puestos clave mediante procesos de selección, algunos de ellos divulgados en plataformas profesionales como LinkedIn, y otros asumidos de manera urgente para mantener la operación institucional.