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Costa Rica atraviesa una coyuntura clave en materia de justicia penal. Ante el aumento sostenido de la criminalidad y la percepción de ineficiencia en materia penal, los Poderes de la República, han impulsado desde el 2022 a la fecha, un paquete de reformas al Código Procesal Penal, que promete transformar la manera en que se investigan y juzgan los delitos.
Los cambios buscan acelerar los procesos, reducir la mora judicial y dar una respuesta más efectiva frente a la delincuencia organizada, la violencia creciente y la impunidad en delitos cometidos por funcionarios públicos. El artículo 31 amplió a 30 años la prescripción de delitos de corrupción y contra los deberes de la función pública, con el fin de evitar impunidad en casos de delitos de “cuello blanco”.
El artículo 40 ahora obliga a los tribunales penales a resolver sobre la acción civil resarcitoria, aún en caso de sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo, garantizando a las víctimas la posibilidad de indemnización sin acudir a la vía civil.
En materia investigativa, el artículo 191 permite al OIJ levantar cadáveres en espacios públicos sin la presencia del juez penal, para reducir tiempos y costos, sin menoscabar el debido proceso. El artículo 193 fijó plazos máximos de 3 días para resolver solicitudes de allanamiento en procesos ordinarios y 5 días en casos de crimen organizado o tramitación compleja, mejorando la respuesta frente a estructuras delictivas. En medidas cautelares, la reforma al artículo 244 inciso J) ahora limita el uso del dispositivo electrónico para ciertos delitos. La imposición de la medida de localización permanente con mecanismo electrónico, siempre y cuando no sea por delitos que califiquen como delincuencia organizada, delitos sexuales contra personas menores de edad ni delitos de la ley 7786 sobre estupefacientes.
Estas reformas buscan equilibrar rapidez y justicia, fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y atender a las víctimas del delito. Sin embargo, especialistas advierten que, sin inversión en recursos económicos, humanos, tecnológicos, capacitación constante y un estricto control de aplicación, los cambios podrían quedar en lo formal.
El gran reto será garantizar una justicia más ágil sin sacrificar derechos fundamentales. La ciudadanía espera una justicia más rápida, pero también más justa. Lograr ese equilibrio será la verdadera prueba de este proceso reformista.
“El gran reto será garantizar una justicia más ágil sin sacrificar derechos fundamentales”.