Desde hace muchos años se viene hablando del cobro de las tarifas de autobuses mediante tarjeta electrónica o monedero. No obstante, ha llegado la hora de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, empresarios y usuarios se pongan de acuerdo para ponerlo en práctica.
Esta es la posición de Alfredo Villalobos, presidente de Asociación Cámara Nacional de Autobuseros (ACNA), quien visitó DIARIO EXTRA para conversar de este y otros temas con Iary Gómez, directora de este medio y Marcela Villalobos, subdirectora.
¿Qué es la Asociación Cámara Nacional de Autobuseros?
-Es una organización que reúne a empresas de transporte remunerado de personas de modalidad autobús con concesionarios y permisionarios de todo el territorio nacional. Acá nos hemos integrado empresas de rutas urbanas, interprovinciales conocidas como rutas largas, urbanas rurales y rutas que podríamos llamar cantonales de todo el país. En este momento, por su membresía, se constituye en la mayor organización de este tipo.
¿Cuáles son las proyecciones?
-Fortalecer la organización, darle una mayor proyección y contribuir a que el empresariado nacional asuma los retos de modernizar el transporte y enfrentar sus problemas fundamentales.
¿Cuáles son los ejes más importantes de su labor?
-Motivar a todos los entes rectores, organizaciones sociales como Conapam, Defensoría de los Habitantes, a todos los partidos políticos y fundamentalmente, a nuestros usuarios y a las organizaciones de los mismos sobre la necesidad de laborar una verdadera política pública en materia de transporte.
Además, nuestra organización ha liderado la solución al 60% de los empresarios de transporte público regulado del país, que operan bajo la figura de permisionarios. Estamos presionando en conjunto con otras organizaciones del sector para que su conversión a concesionarios y por ende, a una mayor seguridad jurídica, para realizar inversiones y demás compromisos, se concrete dentro de los plazos de ley.
Por otra parte, estamos trabajando en el proceso de renovación de concesiones que vencen en el 2014 y que abogamos sean un proceso transparente y donde todos los actores asuman los retos para la modernización del transporte público.
¿Eso conllevaría eliminar el Concejo de Transporte Público?
-No necesariamente, es una de las discusiones que habría que dar, para ver si el CTP y demás órganos son capaces de ejecutar las políticas que se adopten.
¿Qué pasa al no existir esa política?
-Al no existir esa política pública no hay un norte claro de qué es lo que debe de hacerse en el tema de la modernización y en las demás acciones que deben emprenderse para mejorar el transporte público regulado.
¿Cómo deberá ser esa política pública del transporte?
-Para mí lo que es fundamental es la calidad del servicio, avanzar en el uso de tecnologías limpias y seguir contribuyendo como lo hemos hecho orgullosamente hasta ahora, en el desarrollo integral de nuestro país.
¿Eso conllevaría aumento de tarifas?
-No necesariamente, eso va depender de las inversiones y programación de las mismas. Las empresas podrían racionalizar sus costos y así no impactar la tarifa.
¿La sectorización ayudará a esto?
-Ese es un proyecto viejísimo, han pasado varios gobiernos; viceministros y ministros han caído anunciando que ya la van poner en práctica, pero esto no se ha podido lograr. Ahora lo que se escucha es la implementación de un plan piloto. Volvemos a lo mismo, si no hay verdaderas políticas y estas no son bien elaboradas, la implementación de cualquier proceso se hace imposible.
¿Cómo ve usted la problemática del transporte ilegal?
-El transporte ilegal y la piratería que vemos es el producto más evidente de la ausencia de la política del transporte. Si en este momento no se pone un freno a este desorden que hay con el tema del Servicio Especial Estable de Taxi y la piratería, al igual que en otros países, estamos muy cerca de un terrible caos en el transporte que en nada ayuda a la calidad del servicio. En este momento, no hay control de la piratería ni competencia desleal. Eso está causando otro gran problema que no se ha discutido públicamente y es que los taxis formales no están respetando el uso de la “maría”, están haciendo viajes colectivos, bajando tarifas, compitiendo con el servicio de autobús y creando una distorsión. Hacemos un llamado a la dirigencia y a todos los taxistas para que detengan esta práctica de inmediato.
¿Es tan grave la situación?
-Sí, en algunas rutas rurales sí es grave. Más que todo en Naranjo, San Ramón, Grecia; la situación ya está afectando por lo menos el 30% de la demanda de esas empresas.
¿Qué pasa con el porteo?
-Cuando se creó la actual ley de taxis, cada operador se convirtió en dueño de su placa. Incluso, los que operaban bajo la figura de cooperativas, desgraciadamente los propulsores del proyecto del Seetaxi, en su afán de eliminar la palabra “porteo” y tratando de buscar una solución al problema de la competencia ilegal, produjeron un proyecto que concentra en unas pocas sociedades anónimas, la titularidad de los cerca de 3.000 permisos adjudicados. Igual pasa con el tema de las microbuses, sobre las cuales nuestra organización está analizando las implicaciones de esta ley. Hoy en día, ante esta situación, ya se escuchan voces solicitando que los permisos del Seetaxi, pasen a ser propiedad de cada operador “otra pata que le sale al banco”.
¿Cuál podría ser otra solución?
-Hay que ponerle un alto a esta situación, todos los actores tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde se debe de caminar el país en materia de transporte público.
Si esto no se para nos va a llevar a un caos, que en nada beneficia la calidad del transporte público y el rescate de la ciudades para una mejor calidad de vida de todos los habitantes. Aún estamos a tiempo y eso es lo que estamos reclamando de las autoridades del MOPT, el CTP y de la intendencia del Transportes, que asuman de manera eficiente para el beneficio de todo el país.
¿Qué pasa con el cobro electrónico?
-Nuestra cámara aboga por la creación de una comisión ampliamente participativa, que analice y adopte un sistema universal y seguro para todas las partes.
La Cámara que yo represento ha visto con preocupación como algunos empresarios que no son de nuestra organización. Han implementado distintas opciones del pago electrónico de la tarifa. La idea del intendente del Transportes y que apoyamos es que el sistema que se vaya a utilizare debe de ser un modelo que sea universal para todas las empresas para evitar distorsiones o fracasos que podría ser un retroceso en esa dirección.
Debe de ser una sola tarjeta, un solo monedero para todas las empresas del país para el beneficio de los usuarios y seguridad del mismo estado que tendrá información al instante del pago de impuestos y de la demanda real en todas las rutas de autobuses.