A pesar de que todos los empleados públicos recibieron una buena noticia la semana anterior, cuando se les comunicó que tendrían el pago retroactivo por aumentos salariales no gestionados desde 2020, la alegría fue breve, pues muchos deberán cancelar de más por este desembolso extra del Gobierno.
El problema radica en que a una considerable cantidad de funcionarios se le cobrará un mayor impuesto a la renta, lo que incluye a muchos que, por tener un salario inferior al mínimo estipulado por el Ministerio de Hacienda para este gravamen, por primera vez pagarán esta carga, tal y como lo confirmó a DIARIO EXTRA el propio jerarca del despacho, Nogui Acosta.
Según estimaciones de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el pago retroactivo que recibirán las personas que cuentan con el sueldo mínimo en instituciones estatales será de entre ¢350.000 y ¢400.000, dependiendo de si se paga en marzo o abril.
Esto quiere que, por ejemplo, los oficiales de Fuerza Pública con menor salario, que en estos momentos se encuentra en ¢708.091, obtendrán de pago en marzo más de ¢1.000.000.
Y, de acuerdo con la información del fisco para 2024, cualquier persona que gane más de ¢929.000 y menos de ¢1.363.000 al mes debe cancelar la carga por renta ante Hacienda, por lo que en el caso de los funcionarios que reciban pagos dentro de este monto, el Estado de inmediato les rebajará el 10% de lo que iban a cobrar.
Así, si usted recibe por la suma de su sueldo y el retroactivo ¢950.000 en un mes, al final de cuentas lo que percibiría de pago son ¢855.000, luego del rebajo automático.
Sin embargo, no acaba ahí, ya que a partir de ¢1.363.000 la escala va subiendo y el pago por renta debe ser mayor, en apego a los márgenes señalados por la ley.
“COBRO INJUSTO”
Para el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, es injusto que, tras los años de atraso con el pago del incremento salarial para los funcionarios, ahora a muchos se les debite un porcentaje solo porque sobrepasan por un mes las escalas de renta.
“Como dice el refrán popular: tras que deben, cobran. Es inaceptable eso, no tiene justificación ni legal ni moral ni mucho menos ética, porque está hablando usted de un reajuste, entre comillas, insignificante, solo que se ve un poco grande porque lo dejaron acumular en el tiempo. Es decir, me pagan un perro amarrado y todavía tengo que pagarles porque lo suelten”, reclamó el sindicalista.
De acuerdo con Vargas, esto afectará sobre todo a los empleados públicos con mayores limitaciones, como policías, maestros, misceláneos y puestos técnicos.
Asimismo, afirma que es discutible jurídicamente y que cada uno de los afectados podría demandar al Estado por el pago de intereses, así como por indexación, pues se trata de pagos devaluados.
¿POR QUÉ EL ATRASO?
Durante el segundo semestre de 2019 la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público definió que el reajuste salarial por costo de vida para inicios del año siguiente sería de ¢7.500. No obstante, el incremento del sueldo no se hizo efectivo en los meses siguientes y para abril de 2020, el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado decidió congelar las remuneraciones de los colaboradores estatales como medida para resguardar el erario en medio de la crisis por la pandemia del covid-19.
En ese momento se justificó la medida al aducir que la deuda del Estado era superior al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) y que detener el crecimiento de los sueldos de los funcionarios significaría un ahorro de más de ¢23.000 millones al año.
En la actualidad la relación deuda estatal-PIB está en 61,1%, pero el mandatario Rodrigo Chaves anunció que se haría efectivo el aumento a más tardar el 15 de abril próximo, al igual que el pago retroactivo de los ¢7.500 por cada uno de los más de 50 meses que han pasado desde enero de 2020.