El Consejo Nacional de Producción (CNP) estaría valorando contratar los servicios de un penalista para evaluar los hallazgos de los más recientes informes sobre la Planta de Tecnología de Valor Agregado.
DIARIO EXTRA cuenta con copia del acuerdo de junta directiva en el que se expone que existen sospechas de que pudiera haber responsables de lo ocurrido.
Actualmente, hay dos informes. Uno es del avance de la construcción, en el que está pendiente una información que les tiene que entregar la presidencia para terminar ese proceso.
El otro está en la revisión del proceso de análisis de los estudios financieros que generaron la factibilidad en su momento para determinar si la planta era viable o no y las consecuencias y presuntos responsables.
De momento, al ser una investigación en curso, se califica como información sensible y está protegida en este momento, está en la investigación preliminar por el artículo 6 de la ley 8.292 y el artículo 8 de la 8.422, así como el 32 de la Ley general de control interno.
Al parecer Víctor Carvajal, cuando fue presidente del CNP, había mencionado que se ocupaba un abogado que sea penalista y con experiencia en gobierno, “por el tema de los presuntos implicados que puede haber en esto”.
Parte del problema es que la auditoria puede tipificar, pero puede ser que se equivoquen y se traigan abajo un proceso donde “hay fondos públicos de por medio”.
Sobre la posibilidad de traer un asesor externo, Adolfo Ramírez, actual presidente del CNP, manifestó su anuencia. Señaló que se podía coordinar con cualquier otra institución para acceder a ese recurso, incluso hasta de la misma Casa Presidencial.
EL CASO
DIARIO EXTRA había publicado que, en vez de producir un valor agregado para los productores de la Zona Sur, la planta tecnológica anunciada en el gobierno anterior más bien podría generar pérdidas por ¢300 millones anuales.
De acuerdo con la institución, a la fecha se han invertido ¢2.000 millones de fondos públicos en un inmueble al que la institución no le dará ningún uso. Lo único que pudo hacer la nueva administración fue cobrar la garantía de cumplimiento. La obra se gestó en el gobierno de Carlos Alvarado.