El Consejo Nacional de Producción (CNP) recortaría la provisión de alimentos a instituciones públicas a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Esto debido a la aplicación de la regla fiscal.
La limitación en el gasto institucional hace que deba reducir el plan de adquisiciones. Se dice que esto empezaría específicamente en la línea de abarrotes.
“Avalar la propuesta denominada I Fase para el recorte de compras del Programa de Abastecimiento Institucional en la categoría de abarrotes a los siguientes clientes: Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Seguridad Pública y Caja Costarricense de Seguro Social”, indica el Acta No.3097. de la que este medio tiene una copia.
Se eximirían del recorte las compras y provisión de granos básicos como arroz, frijoles y café. La decisión de sacar estos productos responde a que son de primera necesidad.
El total de las compras realizadas a las agroempresas y pymes durante 2021 fue de ¢78.619 millones y el mayor porcentaje de estas lo efectuaron el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (Panea), Ministerio de Justicia y Paz, Cen-Cinai, Ministerio de Seguridad Pública, Caja Costarricense de Seguro Social y Comisión Nacional de Emergencias.
El mayor cliente institucional es el Panea, seguido de un grupo de cinco instituciones que ocupan un bloque de segunda importancia.
De la discusión en junta directiva para 2022 la instrucción girada es la contención del gasto en un 1,96% de crecimiento que permite la regla fiscal, va específicamente dirigido a la partida de producto terminado del PAI.
“El presupuesto que el CNP, específicamente el PAI, tiene aprobado responde a un monto de ¢54.915.000.000. Es decir, este monto se convierte en la meta de recortes que se tiene que hacer”, manifestó.
Una de las soluciones para no afectar a ciertas instituciones es recortar la proveeduría a algunos centros educativos que manejan algún tipo de morosidad con el CNP y no continuar abasteciéndolos porque hay otros clientes que pagan mejor.
Se dijo que era difícil tomar decisiones en contra de su propia voluntad porque es una ley que la institución no aprobó, pero que se le aplica y manda a hacer el recorte presupuestario.