CNP no reajusta precios en contratos con Estado

    Un informe de la auditoria interna del Consejo Nacional de Producción (CNP) revela que la institución pierde millones de colones por no tener una política de reajuste de precios.No se contabiliza el monto exacto dejado de cobrar, pero solo en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) habría que revisar la venta […]

 

 

Un informe de la auditoria interna del Consejo Nacional de Producción (CNP) revela que la institución pierde millones de colones por no tener una política de reajuste de precios.
No se contabiliza el monto exacto dejado de cobrar, pero solo en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) habría que revisar la venta de alimentos para un total de nueve proyectos valorados en ¢2.238 millones.
Se debe recordar que el CNP vende alimentos a las instituciones públicas a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Entre ellas se encuentra el ICE, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación Pública y Ministerio de Seguridad Pública, entre otros.
DIARIO EXTRA tiene copia del informe AG-294-20, del 2 de noviembre de 2020, donde se analiza el caso del ICE. No obstante, la auditoría no descarta analizar cómo anda el reajuste de precios para otras instituciones.
Conversamos con Gustavo Chaves, auditor del CNP, quien dijo que el reajuste de precios consiste en que se debe emitir la factura de la venta con el monto más reciente.
“Pongamos que usted vende equis producto a ¢100, pero mañana ya cuesta ¢110. Esos ¢10 son los que el CNP no ha cobrado, la factura debe salir por los ¢110 y no por los ¢100. No podemos decir que es una pérdida porque aún está a tiempo de recuperarlo”, explicó.
De acuerdo con Chaves, la Ley de Contratación Administrativa faculta a la institución a poner el último precio, el más actualizado, incluso el propio día de la venta.
La auditoría realizó el ejercicio específicamente con el proyecto Las Pailas para el periodo 2015-2019 y determinó que el monto dejado de percibir por la institución fue de ¢5,7 millones.
De manera indirecta el informe también evidencia que hay productos cuya venta deja de ser rentable para el CNP porque el precio termina siendo más barato. Este es el caso del pollo, los huevos, los aceites y grasas, entre otros.

CUATRO AÑOS EN LO MISMO

Del documento se desprende que desde 2015 se hizo la advertencia al CNP de que no estaba reajustando los precios y ahora, cuatro años más tarde, la situación continúa igual.
“El hallazgo encontrado presenta incumplimientos y funciones dejadas de efectuar por parte del personal del PAI, por lo que a la fecha se mantienen pendientes de elaborar los cálculos, respaldos y reclamos de estas contrataciones bajo la modalidad de reajuste de precios, con el riesgo de seguir arrastrando pérdidas económicas día a día por falta de gestionar acciones de cobro aún no prescritas, tal y como lo establece el ordenamiento jurídico y la aplicación en esta materia de contratación administrativa con base en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa”, revela la auditoría.
La norma establece que las partes tendrán derecho a una revisión del precio siempre que se acredite la variación de los respectivos costos, conforme a las reglas existentes. Agrega que el reajuste de precio se podrá solicitar desde que se presenta la oferta hasta el inicio de la ejecución contractual.
El documento resalta que el CNP todavía está a tiempo de recuperar los dineros y recomienda emprender las gestiones respectivas.
Entre las conclusiones se establece que los hechos evidencian una “deficiente” supervisión por parte de los titulares supervisados que han estado al frente del PAI sobre la aplicación de la metodología de ajuste de precios.
“Se encontraron debilidades relacionadas principalmente con la ausencia de procedimientos o instructivos para la conformación de expedientes y en general se incumple la normativa existente para este tema en particular”, añade el informe.
A la gerencia general del CNP se le solicita que calcule, tramite y gestione el reajuste de precios con base en la fórmula establecida por la Contraloría General de la República.