De riesgo inminente, advierte Contraloría
La Contraloría General de la República (CGR) detectó la ausencia de controles en la gestión de las 502 obras declaradas como riesgo inminente por parte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Hay que recordar que en marzo de 2024 se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permitiría al Poder Ejecutivo liberar un préstamo por $700 millones para intervenir infraestructura que representaba un peligro para las personas.
Entre las obras destacaban 88 puentes, 88 carreteras, 74 líneas ferroviarias, 47 centros educativos y dos proyectos de vivienda, así como 203 estructuras impactadas por desastres.
El informe reveló que el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) operó sin mecanismos para verificar los requisitos de peligro inminente establecidos en la Ley N° 8.488.
Asimismo, el ente contralor encontró proyectos sin avanzar, atrasos de hasta un año y cinco meses, licitaciones incluidas sin criterios técnicos y construcciones realizadas por fuera del programa de emergencias, algunas incluso se hicieron con fondos propios de cada institución.
Lo anterior, si se toma en cuenta que en Proeri participan, además de la CNE, carteras como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y el Ministerio de Educación Pública (MEP), entre otras.
“Se encontró que la CNE, tanto en su rol de organismo ejecutor coordinador como de rector en materia de prevención de riesgos, no dispone de controles para verificar que los proyectos catalogados como peligro inminente en el Programa cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Nº 8.488, ni para verificar que los costos estimados sean razonables, a fin de buscar la mejor inversión de los recursos públicos”, apunta el informe.
En cifras reales, se realizó una visita a 210 trabajos, de los cuales 33 tenían ubicación incorrecta, 11, inviabilidad y siete se habían construido con otros fondos.
“Todo ello se aparta del principio de legalidad y el deber de actuar según lo regulado de forma expresa por la norma escrita, descrito en el artículo 11 de la Constitución Política y la Ley General de Administración Pública”, añade el estudio.
Atrasos
Otro de los señalamientos de la CGR a Proeri es que aproximadamente un 60% de las obras, todas catalogadas como riesgo inminente, cuentan con atrasos importantes, ya que solo una ha superado la etapa de planeación.
“Se identifican retrasos en la realización del portafolio del Programa, particularmente en los 298 proyectos de peligro inminente cuyo plazo, según acuerdo de la junta directiva de la CNE, deben desarrollarse en 18 meses. Han transcurridos ocho y solo uno se encuentra en etapa de ejecución.
Además, al menos 155 han sufrido reprogramaciones en su fecha de inicio, de uno hasta 17 meses, y ahora la Comisión pretende hacer 394 durante 2025”, expresa el texto.
Sumado a ello, dentro de los trabajos visitados la CGR encontró que 41 no han comenzado con la construcción, pese a que en el registro de la base de datos que maneja la Comisión aparecen con orden de inicio entre marzo y octubre de 2024.
Controles nulos
Sobre los controles nulos, entre las debilidades señaladas por el ente contralor está la falta de mecanismos, tanto previos como de seguimiento en las licitaciones dispuestas dentro de la cartera del Programa, es decir, no existe forma de comprobar que los diseños, los costos y el cumplimiento de disposiciones se verifiquen bajo la legalidad costarricense.
“La CNE al no disponer de mecanismos de control que regulen la figura de peligro inminente ha conllevado a que no se verifique la razonabilidad de los costos de los proyectos a ejecutarse bajo esa figura ni se hayan definido controles que permitan garantizar la transparencia en la gestión de pagos”.
Por ello, se emitió la recomendación de que la institución gubernamental establezca regulaciones a la figura de las obras de riesgo inminente para poder generar un seguimiento adecuado.
Sin respuesta
Diario Extra consultó a la Comisión una posición sobre lo que apunta el documento, sin embargo, por medio de su oficina de prensa se limitaron a indicar que analizarían la información.
“La posición oficial de la CNE es que recibimos el informe a final del año y vamos a analizarlo”, aseguró.
Alejandro Pacheco
Diputado socialcristiano
“Nos hemos dado cuenta de una falta de planificación, por lo que es fundamental que si se lleva a cabo se haga con total responsabilidad y transparencia. El proyecto era loable y Costa Rica lo necesita, pero parece que el Gobierno no tiene el potencial para desarrollar tanta obra”.
Carolina Delgado
Legisladora liberacionista
“Entendemos la complejidad que tiene el proceso y queremos traer a los jerarcas de las diversas instituciones, incluida la CNE, para que nos brinden un informe de cómo se estaban realizando los proyectos y se esté ejecutando la ley como se había establecido. Hoy se vuelve más importante ante los cuestionamientos”.
