Luego de meses de estudio y análisis por parte del Concejo Municipal de Alajuela, la municipalidad perdió la posibilidad de hacerse con un edificio al que esperaba trasladar su personal.
Se trata del inmueble que antes albergaba a la Universidad Santa Lucía y que pertenecía al Banco Nacional, con un valor de ¢2.500 millones, sin embargo, este fue adquirido antes por una clínica de salud privada.
“Entiendo que es una clínica privada muy conocida en Alajuela, que pues, presentó una oferta, porque el edificio estaba ofrecido en un proceso de remate, en el cual, dicho sea de paso, la municipalidad no puede participar en ese tipo de procesos, pero ellos sí como agente privado que son, pudieron participar en el proceso y lo adquirieron antes que nosotros”, explicó el ingeniero de la municipalidad Roy Delgado, ante consulta de DIARIO EXTRA.
Así que, los cerca de 600 funcionarios municipales que esperaban por fin contar una sede para realizar sus tareas, deberán esperar aún más para trasladarse.
Según indica Delgado, debido a la gestión de compra infructuosa, la comisión a cargo en el Concejo, solicitó a la administración realizar nuevos estudios de mercado, de actividad técnica, de riesgos.
Por ahora, ya se contrató a una empresa para el desarrollo de un estudio de prefactibilidad técnico, el cual en estos momentos se encuentra en ejecución y que le costará al municipio ¢23 millones. Se espera que los resultados del estudio sean presentados en dos meses.
Por ahora se desconoce si la municipalidad manuda se inclinará por la construcción o la compra de un inmueble.
CRÍTICAS A LA COMPRA
La adquisición fallida del edificio no estuvo exenta de señalamientos, debido a los años del inmueble, el cual requeriría múltiples arreglos y remodelaciones para satisfacer las necesidades del municipio.
“Era necesario hacerle algunas adecuaciones, entre ellas, todas las instalaciones eléctricas, la instalación mecánica, las bombas, porque había sido objeto de vandalismo y además requería unas ampliaciones para cumplir con los requerimientos que nos había fijado el Concejo Municipal de albergar absolutamente todas las oficinas municipales”, explicó Delgado.
Dichas fallas fueron señaladas por informes técnicos del de la municipalidad.
El informe MA-PSI-025-2022, realizado por el Departamento de Servicios Informáticos de la municipalidad señaló, que los paneles principales del sistema de detección de incendios son “inutilizables” y los generadores eléctricos de respaldo del sistema tienen piezas faltantes.
Ese documento también informó que el sistema de enfriamiento está destruido, que los tableros de distribución interna presentan daños totales, y hay pocos tomacorrientes, por lo que “no satisface las necesidades de la institución”.
La Dirección de Procesos, Planeamiento y Construcción de Infraestructura Municipal presentó también el informe MA-PPCI-0152-2022 que dice: “se debe tomar en consideración que la estructura ha estado desocupada durante un tiempo considerable y que ha sido objeto de vandalismo y diversos daños, en especial a las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, grifería en general y sistemas”.
VIEJA NECESIDAD
El gobierno local alajuelense busca nueva sede desde hace varios años y, de hecho, fue uno de los puntos más destacados en las pasadas elecciones municipales.
El viejo edificio municipal fue declarado inhabitable tras el terremoto de Cinchona en 2009, por lo que se trasladó ese mismo año a la edificación que actualmente acoge cerca de 300 funcionarios administrativos de la institución, mientras que otros 300 están desperdigados por diferentes edificios.
Este inmueble es alquilado a Lauguiale S.A. y significa una inversión para la municipalidad de $40.800 al mes, es decir, más de ¢22 millones mensuales al tipo de cambio actual.