El diputado liberacionista Gilbert Jiménez impulsa un proyecto de ley que permitiría a los ciudadanos obtener una recompensa por entregar a integrantes de crimen organizado y altamente buscados por la Policía.
La propuesta se cobija bajo el numeral 24088 y se financiaría mediante los bienes y el dinero incautados al crimen organizado. Con la finalidad de otorgar una herramienta adicional al combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, el legislador Jiménez Siles y otros diputados de la República presentan esta iniciativa de ley, la cual pretende crear un Fondo de Recompensas cuyo fin entre otros es empoderar a la ciudanía nacional, dándole una compensación económica a cambio de información que conduzca a la detención de miembros de organizaciones criminales declarados en fuga o rebeldía por parte de las autoridades judiciales.
Se trata del proyecto de Ley de Recompensas para los más buscados por Delitos de Narcotráfico y Crimen Organizado.
“Sin duda alguna, va a permitir tener una mejor ciudadanía, tener una mejor calidad de vida y vivir realmente en un país con mayor tranquilidad y prosperidad. Hemos analizado los esfuerzos que han realizado diferentes países, como lo es Ecuador, como lo ha sido Colombia y como ha sido también el mismo Estados Unidos, que es un país cooperante en todo el tema de combate a la inseguridad, de combate al narcotráfico, de combate al crimen organizado y, por supuesto, colaborador en el tema económico y sustancial para poder llevar a cabo proyectos como este y los hechos que se han dado a nivel de Ecuador, a nivel de Colombia y Estados Unidos nos llevan también a nosotros a tener un marco jurídico razonable”, externó Jiménez.
¿DE DÓNDE SALE EL DINERO?
El Fondo de Recompensas será financiado principalmente de los fondos incautados al mismo crimen organizado y los decomisos de sus bienes. Así lo deja claro la modificación propuesta por el congresista Jiménez Siles del artículo 30 de la Ley N°8754.
“Obviamente fortalecemos todo lo que es la distancia judicial en este proyecto, porque brindamos una cooperación dentro de la institucionalidad, este policía que tiene nuestro país integrando a las diferentes instancias como lo es el Poder Judicial, como lo es también la Fiscalía, como lo es también la Sala Tercera y todos los cuerpos policiales que tienen que brindar y ayudar en razón, a eso se brinda una herramienta adicional para que los cuerpos policiales cuenten realmente con el apoyo necesario y tener los fondos para compensar o recompensar a la ciudadanía en razón a ese aporte, a esa labor que realizan y que a la vez le van a brindar también un beneficio económico también”, acotó el legislador.
La autoridad judicial depositará el dinero decomisado en las cuentas corrientes que el Instituto Costarricense contra Drogas (ICD) dispondrá para tal efecto en un banco público, y de inmediato le remitirá copia del depósito efectuado al beneficiario.
El legislador indicó que otro gran acierto de la iniciativa radica en “el efecto disuasorio en potenciales delincuentes ya que la posibilidad de recibir una recompensa por información que conduzca a su arresto crea un ambiente de incertidumbre para aquellos involucrados en actividades criminales”.
“Hacemos un llamado para que se unan a todo este esfuerzo de tener una mejor seguridad. Así mismo, pido el apoyo y la ayuda a todos los legisladores para que luchemos juntos en este combate contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, de tal manera que todas estas personas delincuentes que andan hoy actuando dentro de esas acciones se les limite, se les imposibilite y tengamos realmente una justicia pronta y cumplida como debe ser en nuestro ordenamiento jurídico”, agregó.
El diputado hizo énfasis en que las recompensas serían única y exclusivamente al “crimen organizado y al narcotráfico en las zonas que los recursos que son captados provienen desde esa fuente y que son las personas más buscadas, o sea la más buscadas, que es difícil encontrarlas”. Agregó que los funcionarios judiciales no podrían participar en este sistema.
Distribución
• 35% al OIJ para la atención, el mantenimiento y la actualización de la PIP, así como para la investigación de delitos y la protección de personas.
• 17% al ICD, para gastos de administración, de aseguramiento, seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.
• 8% al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
• 10% al Ministerio de Justicia, para cubrir las necesidades de la Policía penitenciaria.
• 10% al Ministerio Público, para la Oficina de la Atención para la Víctima del Delito.
• 10% al Ministerio Público, para el Fondo de Recompensas contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.