Ciudad Gobierno avanza con nuevo texto

Con nueve votos a favor y de forma unánime, la Comisión de Asuntos Jurídicos dio el visto bueno a una nueva estructura legal que pretende centralizar las instituciones estatales mediante el proyecto Ciudad Gobierno.

Tras la aprobación, por parte de la comisión legislativa, de un nuevo texto sustitutivo presentado por la diputada oficialista Marta Esquivel, la iniciativa dio un paso significativo. La decisión permitiría destrabar un proyecto que permanecía en un limbo jurídico debido a las distintas interpretaciones sobre la forma en que el Estado puede construir o arrendar inmuebles en terrenos de su propiedad sin recurrir a los procesos ordinarios de licitación.

La nueva redacción busca facultar a la administración para pactar la adquisición o el arrendamiento de bienes inmuebles por construir, o en proceso de construcción, incluso sobre terrenos que ya pertenecen al Estado, siempre que se cumplan criterios específicos de rentabilidad y viabilidad financiera.

Nuevo texto para Ciudad Gobierno

La propuesta aprobada establece que, para que el Estado pueda desarrollar proyectos en terrenos propios y financiar las obras mediante esquemas de arrendamiento, será obligatorio realizar un estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable. Este cambio en la Ley General de Contratación Pública permitiría atender el pago del financiamiento requerido para el desarrollo de Ciudad Gobierno.

Al respecto, la diputada Marta Esquivel, quien preside la comisión, defendió la propuesta señalando que “no quede en el ambiente que se está dando una licencia para hacer, como algunos dicen, lo que le parezca al jerarca, sino que lo que se busca es agilidad, que desgraciadamente en este país es algo que no abunda”.

Según se discutió en la sesión, el objetivo de Ciudad Gobierno es evitar que la administración pública continúe pagando elevados alquileres a terceros cuando puede desarrollar infraestructura en terrenos propios de manera más económica.

El diputado José Miguel Villalobos, compañero de Esquivel en la fracción oficialista, reforzó esta postura al indicar que “para que la administración compre y tome en arrendamiento bienes inmuebles, inclusive por construir, no se requiere hacer licitación pública; eso no es algo que establezca este proyecto, eso viene desde hace décadas”, en referencia a las mociones presentadas por la oposición.

A pesar del avance, el debate se centró en la posible colisión de la reforma con el artículo 182 de la Constitución Política, el cual establece que la contratación de obra pública debe realizarse mediante licitación.

La diputada María Eugenia Román, del Frente Amplio, sostuvo una postura crítica al afirmar que el texto “es clarísimo en que para arrendamientos en bienes del Estado tiene que aplicarse la licitación. Eso dice el artículo 182; o sea, lo acabábamos de leer. Ahí está clarísimo, ahí no cabe ninguna interpretación”. Según Román, permitir este mecanismo de forma generalizada podría debilitar la transparencia y el control del gasto público.

María Eugenia Román

Diputada FA

“¿No es posible que negociemos y busquemos una alternativa que permita que sea más expedito pero que se garantice que no hay un roce con la Constitución? Para que exponernos, o ¿es que lo mejor es exponernos para justificar que no nos dejan gobernar?”.

Román aseguró que “aquí lo que está en juego es eso, la contratación directa para desarrollar un proyecto tan importante que todos queremos como Ciudad Gobierno, escogiendo al proveedor a dedo y violentando todos los procedimientos”.

La nueva redacción incorpora salvaguardas técnicas para mitigar los riesgos de inconstitucionalidad señalados por la Contraloría General de la República y el Departamento de Servicios Técnicos.

José Miguel Villalobos

Diputado PPSO

“La señora contralora se empecinó en agregar un requisito que no tiene la Ley, es absurdo, si la Ley actual permite que yo pueda pactar la adquisición o arrendamiento de bienes por construir en el terreno de un particular, evidentemente lo puedo hacer en un terreno propio”.

Entre los cambios más relevantes destaca la fijación de un plazo máximo de 30 años para los contratos de arrendamiento, sin posibilidad de prórroga, eliminando así el riesgo de relaciones contractuales indefinidas que podrían lesionar el patrimonio público.

Asimismo, se incluyó la obligación de contar con un avalúo elaborado por órganos especializados y con un acto motivado del máximo jerarca que fundamente la decisión en el interés público.

Al cierre de la sesión ordinaria, la comisión aún tenía pendientes de discusión 32 mociones de fondo adicionales, las cuales serán analizadas en las próximas jornadas para concluir la etapa de enmiendas antes de que el expediente regrese al plenario legislativo.