El presidente de la República Carlos Alvarado enfrentará este miércoles los cuestionamientos de las fracciones de oposición en el Plenario sobre su rol y participación en la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Más allá de la polémica sobre si debía o no acudir a la audiencia en el Plenario, lugar elegido por la Comisión Legislativa que se creó con el fin de investigar este caso para llevar a cabo la audiencia con el mandatario, los costarricenses esperan del Presidente honestidad y transparencia al momento de explicar sobre este asunto.
La oficina de la UPAD se creó a escondidas de la población, pero por solicitud del presidente Alvarado, según revelaron los exasesores de Casa Presidencial que trabajaron en su conformación.
El caso llevó a un allanamiento histórico en Presidencia el 28 de febrero de 2020, con la participación de la fiscala general Emilia Navas y los cinco magistrados de la Sala Penal.
Incluso al mandatario se le decomisaron sus teléfonos celulares y su computadora personal.
La Fiscalía investiga a Alvarado por su posible participación en tres delitos: prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.
Junto a él, en el expediente judicial 20-005434-0042-PE se incluye como imputados al exministro de la Presidencia y actual diputado Víctor Morales Mora, el ex viceministro de Planificación Daniel Soto Castro y los exasesores de Casa Presidencial Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos Villalobos y Felly Salas Hernández.
La Administración Alvarado Quesada insiste en que la UPAD tenía como fin utilizar datos públicos de la gente para crear “políticas públicas”.
Pero surgen dudas que aún no se han logrado esclarecer, como por ejemplo por qué la recolección de la información se realizó en Casa Presidencial desde mayo de 2018 a octubre de 2019 sin que la oficina se hiciera pública.
Luego se utilizó una estructura paralela de asesores legales que Alvarado mantiene, la cual se denomina Grupo de Apoyo Legal Presidencial (GALP), para evitar que el decreto presidencial que daba legalidad a la UPAD y especificaba el uso de información confidencial de la ciudadanía pasara por el tamiz del Departamento de Leyes y Decretos de Presidencia.
El decreto lo firmaron el ministro a.i. de Mideplan (Daniel Soto) y el ministro de la Presidencia de entonces (Víctor Morales) el 14 de octubre de 2019, pero llegó a Leyes y Decretos (solo para que fuera publicado, no revisado) hasta el 11 de febrero de 2020, y se publicó el 17 de febrero del mismo año. Ante la presión por parte de diversos sectores del país, lo derogaron el 21 del mismo mes, cuatro días después.
DATOS SENSIBLES
El Gobierno también recalca que nunca se usaron datos sensibles de los ciudadanos. Sin embargo, en la Comisión Legislativa se demostró con documentación y prueba testimonial como sí se tuvo acceso a ese tipo de información. Por ejemplo, cuando el director del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) entregó acceso a esta base de datos, sin contar con un acuerdo previo, a un asesor de Casa Presidencial cercano al mandatario. En el oficio se especifica que Presidencia requiere datos socioeconómicos y sociodemográficos de población entre 18 a 44 años.
BASE POLICIAL
Otro ejemplo fue en noviembre de 2019, cuando el ministro de Seguridad Michael Soto reconoció que autorizó la entrega de la base de datos de los aprehendidos de Fuerza Pública para un cruce de información que se pretendía ejecutar.
Esa información, que se entregó a Casa Presidencial el 18 de diciembre de 2019, incluyó el nombre de las personas detenidas, tipo de aprehensión (es decir por qué se detuvo a la persona), el lugar, y la fecha del hecho.
REGLAS DE LA AUDIENCIA
La audiencia del Presidente en el Plenario se espera inicie a las 9:30 a.m. La comisión definió las reglas para el interrogatorio.
Primero, el mandatario tendrá 30 minutos para exponer sus puntos. Luego los siete diputados miembros de la comisión tendrán prioridad para preguntar en una primera ronda de 15 minutos cada uno. Luego habrá espacio para una segunda ronda con 10 minutos cada uno. Para la 1 p.m. se dará un receso de una hora y en la tarde el resto de los diputados no miembros podrá hacer preguntas, 10 minutos cada uno de los que quieran consultar. Eso sí, la sesión acaba a las 6 p.m. Alvarado ha dicho que responderá las consultas y al final de la audiencia brindará una conferencia de prensa.
LOS DIPUTADOS ESPERAN
QUE EL PRESIDENTE EXPLIQUE
-¿Por qué avaló y solicitó la creación de la UPAD?
-¿Cuál fue su rol y participación en esta Unidad?
-¿Por qué avaló el acceso a datos sensibles de la población?
-¿Por qué creó y mantiene un grupo paralelo de asesores legales que ayudaron en la creación del decreto ilegal?
-¿Qué pasó con toda la información a la que se tuvo acceso, dónde está, quién la tiene, para qué se ha usado?