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Las elecciones presidenciales de 2026 representan un hito sin precedentes en la historia democrática de Costa Rica. Por primera vez, cinco mujeres con sólidas credenciales y amplia experiencia en la gestión pública aspiran a la presidencia de la República, configurando un escenario que trasciende lo meramente simbólico para convertirse en una oportunidad única de transformar la calidad del debate político nacional.
Ana Virginia Calzada, Claudia Dobles, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar no llegan a esta contienda electoral como novatas en el quehacer público. Sus trayectorias hablan de años de preparación, experiencia ministerial, gestión legislativa y conocimiento profundo de las instituciones del Estado. Esta convergencia de talento femenino en la papeleta presidencial no es casualidad, sino el resultado de décadas de trabajo sistemático por abrir espacios y demostrar capacidad de liderazgo en los más altos niveles de la administración pública.
La presencia de estas cinco candidatas debe evaluarse por sus méritos individuales, sus propuestas de gobierno y su capacidad para enfrentar los desafíos estructurales que enfrenta el país. El electorado costarricense tiene la oportunidad de elegir no por consideraciones de género, sino por la solidez de las ideas y la viabilidad de las soluciones propuestas.
Por supuesto que la expectativa de un debate de ideas en la campaña la esperamos del resto de los candidatos, pero la calidad profesional y experiencia de estas mujeres, genera altas expectativas.
Doce años han transcurrido desde que una mujer ocupó la presidencia en Costa Rica. La posibilidad de que el país vuelva a ser gobernado por una mujer no debe ser el único criterio de evaluación, pero sí representa una oportunidad para demostrar que los liderazgos femeninos pueden aportar perspectivas diferentes y soluciones innovadoras a problemas estructurales. Costa Rica atraviesa una coyuntura crítica que demanda liderazgo experimentado y visión estratégica. Los índices de inseguridad ciudadana han alcanzado niveles alarmantes, con tasas de homicidios que requieren respuestas integrales más allá de enfoques puramente punitivos. El sistema educativo muestra rezagos preocupantes que comprometen el futuro del país como sociedad del conocimiento. La movilidad urbana colapsa en las principales ciudades, mientras el costo de vida erosiona el poder adquisitivo de las familias costarricenses.
Estos desafíos exigen un debate presidencial de altura, centrado en propuestas técnicamente sólidas y políticamente viables. Las cinco candidatas tienen la oportunidad histórica de liderar esta transformación del discurso político, alejándose de la tentación populista y los ataques personales que han caracterizado procesos electorales recientes.