El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) cerró cuatro moteles por deudas que superaron los ¢76 millones, anunció ayer la institución.
Los establecimientos cerrados son Pensión Calle Once Limitada en San José, Cabinas Los Gemelos en Desamparados de Alajuela y Cabinas El Oasis en Pococí de Limón. Hay un cuarto que no trascendió el nombre, pero se indicó que está en proceso administrativo.
La acción se da luego de que en octubre de 2021 se publicara el reglamento y la resolución general que implementa la Ley de Impuesto a los Moteles y Lugares Afines, así como su reforma que amplió los instrumentos de cobro mediante la Ley 9820.
Javier Antonio Vives Blen, subgerente de Gestión de Recursos Humanos del IMAS, expresó que desde esta semana se inició el proceso de implementación para tomar la medida por primera vez con el amparo de la Ley a los Moteles.
Vives dijo que se hace un llamado para que se acerquen a realizar los arreglos y los pagos con el fin de que continúen las operaciones mientras contribuyen con el bienestar social.
“Tanto la Ley N° 9820 como su reglamento buscan que los recursos que el país ha destinado al IMAS lleguen oportunamente, pues reconocemos que el cierre nunca será una situación deseable para la administración ni para los contribuyentes. No obstante, en caso de que un establecimiento no se encuentre inscrito, o se atrase por más de tres meses en el pago del tributo, la ley brinda el sustento jurídico para que el IMAS cierre el establecimiento, el cual se mantendrá así hasta que la situación se regularice, por lo que se invita a los contribuyentes morosos a acercarse al IMAS para suscribir un arreglo de pago”, manifestó.
El funcionario recalcó que antes de clausurar se notificó a los negocios sobre el incumplimiento y se les otorgó el plazo con el fin de regularizar su caso.
Cerca de 476 moteles le deben al IMAS más de ¢3.056 millones, de los cuales ¢1.626 millones corresponden a la Ley 8343 y el 73% se encuentra en cobro judicial, el restante en cobro administrativo.
En tanto que ¢994 millones son establecimientos morosos con la Ley 9326 previo a modificación y ¢435 millones posterior a la entrada en vigencia del cambio.