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Al menos 18 allanamientos realizó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo la jurisdicción funcional de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Las intervenciones se llevaron a cabo en las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), varias viviendas y la Operadora de Pensiones Complementarias (OPC) del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Al parecer 29 personas habrían retirado sumas millonarias del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) con documentación alterada y ayuda de 8 personas que trabajaban en la OPC del Banco Popular, así como de la CCSS, por lo que en dichos allanamientos se logró la detención de 8 sospechosos.
BANCO POPULAR
Precisamente un comunicado de prensa del Banco Popular señala que presentó la denuncia ante la Fiscalía en 2020 para que se investigara lo ocurrido.
“A finales del 2020, Popular Pensiones denunció ante la Fiscalía de Probidad que personas habrían retirado los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) con certificaciones de pensión por invalidez presuntamente alteradas.
Dicha denuncia se sustenta en un informe elaborado por Popular Pensiones y la propia División de Seguridad del Banco Popular, a raíz de que nuestros sistemas de control detectaron las supuestas irregularidades.
La Operadora ha prestado y seguirá prestando absoluta colaboración con el Ministerio Público”, se lee en el comunicado del Popular.
BCR
Cabe señalar que en la diligencia judicial se mencionó que también se allanó el Banco de Costa Rica (BCR), pero después la oficina de prensa del Ministerio Público salió al paso al indicar que no había ocurrido.
“Durante las gestiones que se llevan a cabo aclara que, dentro de las acciones operativas desplegadas esta mañana (lunes), se contaba con autorización jurisdiccional para allanar tanto la casa como la oficina de uno de los imputados, quien actualmente trabaja en el Banco de Costa Rica.
Sin embargo, por temas logísticos que surgieron hoy, se dejó sin efecto la intervención en el despacho de la entidad bancaria. No obstante, en virtud de la dinámica que supone la atención fiscal de un asunto de esta naturaleza, no se logró corregir de manera oportuna que ese sitio no fue allanado y, consecuentemente, se confirmó a los medios de comunicación que sí se ejecutó la diligencia en dicha oficina”, explicó el Ministerio Público.
RESPUESTA DEL BCR
La respuesta del Banco de Costa Rica ante la metida de escarpines del Ministerio Público no se hizo esperar.
“Las Oficinas de BCR Operadora de Pensiones y del Banco de Costa Rica no han sido allanadas.
Las Oficinas de BCR Operadora de Pensiones y del Banco de Costa Rica laboran con normalidad”, explicaron, aunque no señalaron que había un involucrado de su dependencia, tal como lo sostenía el Ministerio Público.
SUPEN
Dicha investigación se sigue bajo la causa judicial 20-024657-0042-PE en contra del Banco Popular y la CCSS. Incluso algunos lugares que también fueron allanados son Escazú, Hatillo y Moravia, entre otros.
Incluso, producto de las especulaciones, la Superintendencia de Pensiones (Supen) también salió al paso y justificó lo siguiente:
“1.La operadora de pensiones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) le comunicó a la Superintendencia esta mañana que desde el 2020 este caso fue puesto en conocimiento por parte de ellos ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
2.Es importante advertir que desde marzo del 2020 y según consta en el oficio DJA-216-2020, de la Dirección Administrativa de Pensiones, sólo se opera con certificaciones digitales centralizadas, mitigando así el riesgo operativo asociado a certificaciones físicas.
3.Considerando que esta investigación se encuentra en manos de las autoridades judiciales, la Supen se pone a la orden del Ministerio Público para lo que estime necesario”, concluyó.