El Gobierno de China y la Administración de Rodrigo Chaves tuvieron un nuevo roce por el reglamento e implementación de tecnologías 5G a nivel nacional.
En julio, el Gobierno costarricense afirmó que no permitiría que las empresas chinas liciten frecuencias y participen en el desarrollo de la infraestructura tecnológica para implementar 5G en el país.
Sin embargo, en esta semana, Casa Presidencial volvió a poner el dedo en la llaga señalando, posterior al Consejo de Gobierno, que las tecnologías del gigante asiático no entrarían a Costa Rica por violar el Convenio de Budapest. (ver recuadro)
Los señalamientos se hicieron luego de que el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) señalara que la decisión de Casa Presidencial tuvo un impacto económico y tecnológico en el país.
El mismo estudio de la UNA, solicitado por la empresa Huawei, señala que las decisiones de Gobierno incrementarían, hasta en un 40%, las tarifas de Internet y telefonía.
“Huawei se va a la UNA y le dice hágame un estudio sobre el impacto de que Costa Rica implemente ese decreto y dígame qué piensa. Ustedes, ¿qué creen que pensaron? Exactamente lo que Huawei quería que pensaran y a un nivel de calidad que da risa, pero la parte que preocupa es que Huawei presenta ese estudio como evidencia ante la Sala Constitucional.
No hay una justificación de peso que diga cuál va a ser el incremento, porque no hay fuentes, son conclusiones a las que llega el Cinpe porque quisieron y porque Huawei les paga para que hagan el estudio que después incluyen como prueba ante la demanda que la empresa tiene contra el ICE”, sostuvo el mandatario.
RESPUESTA
No obstante, la respuesta del Gobierno chino no se hizo esperar y mediante un comunicado de prensa, la misión diplomática de la República Popular China en Costa Rica, señaló que las acusaciones en contra de su país en cuanto a materia de ciberseguridad carecen de fundamento.
“Nos oponemos a la generalización del concepto de seguridad nacional y a la politización de cuestiones científicas, tecnológicas y económicas (…). China rechaza, categóricamente, y combate según la Ley toda forma de ciberdelincuencia.
(…) China siempre aboga por que las empresas cumplan, estrictamente, las leyes de los países donde operen y se opone al uso indebido de la tecnología informática para realizar vigilancias a gran escala y la recopilación ilegal de información personal de ciudadanos de otros países.
Las empresas de telecomunicaciones de China llevan años operando en países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica”, señaló la representación diplomática presidida por Tang Heng.
La comunicación de la Embajada de China señala que, al día de hoy, ninguna empresa, organización o persona, ya sea en Costa Rica u otras regiones, puede presentar ninguna prueba para demostrar que las empresas chinas constituyan una amenaza para la seguridad.
“En contraste, ciertos países, abusando de su hegemonía tecnológica, realizan ciberataques, vigilancia y escuchas telefónicas sin distinción e, incluso, a sus aliados”, sentenciaron.