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El presidente Rodrigo Chaves vetó de forma total el proyecto de ley que pretendía descongelar y reajustar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional, beneficiando a jubilados cubiertos por las leyes 2248 y 7268.
La iniciativa establecía que las pensiones iguales o menores a ¢2 millones recibieran una revalorización automática cada seis meses, tomando como referencia la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), siempre que no existieran aumentos salariales por costo de vida.
Es decir, pretendía el ajuste por costo de vida para 30 mil educadores jubilados que, según la exposición de motivos en el proyecto, se vieron afectados por los ajustes de la regla fiscal desde el 2020.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo argumentó que la propuesta generaba una obligación de gasto permanente y automática sin indicar una fuente de financiamiento ni mecanismos de compensación presupuestaria. Según el veto presidencial, eso comprometería el equilibrio fiscal y aumentaría la rigidez del Presupuesto Nacional.
En el documento señala que por cada aumento del 1% en esas pensiones se requerirían aproximadamente ¢3.676 millones adicionales al año.
El Gobierno sostuvo además que aprobar este reajuste dentro del marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas contradice el objetivo de contención del gasto establecido en la regla fiscal, especialmente en escenarios de alta deuda pública.
“Rechazamos y repudiamos de forma contundente el veto al proyecto por considerarlo un grave atropello a los derechos de miles de pensionados del RTR. Este proyecto no otorgaba privilegios, sino que buscaba corregir una injusticia sostenida: el congelamiento de las pensiones durante años, mientras el costo de la vida continúa en aumento, deteriorando de forma constante el poder adquisitivo de los jubilados”, señaló la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional al conocer el veto.
El proyecto regresa al Congreso, donde los diputados podrán analizar si resellan la iniciativa o aceptan el veto planteado por el Ejecutivo.
La iniciativa había sido presentada por Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio.