Durante gira en Puntarenas
El mandatario Rodrigo Chaves reafirmó su respaldo a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en medio del proceso judicial que se lleva a cabo en contra de la jerarca y otros siete funcionarios por el llamado caso Barrenador.
“El Gobierno piensa que ella actúo correctamente sobre la base de la información que tenemos. Al menos que aparezca algo adicional, los hechos son los hechos”, indicó.
Durante su gira a Puntarenas, Chaves fue consultado sobre cuanto pesaba la ausencia de Esquivel en esta visita, a lo que nuevamente cuestionó el accionar del Ministerio Público para las detenciones y traslado de los implicados.
“Yo ya expresé lo que pienso del método y la forma de cómo actuó la Fiscalía: abuso de poder, amedrantamiento, ahora hay una discusión sobre el fondo, no la forma de la actuación. Me ha llamado la atención que han sido días de días de audiencias, argumentos y contraargumentos, yo espero que ya hoy el juez, que es separado de la Fiscalía, decida sobre las medidas cautelares”, mencionó.
Durante su discurso, el mandatario alertó sobre las medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público, alegando que en caso de aprobar la destitución de la presidenta de la CCSS significaría una vulnerabilidad para la seguridad social costarricense.
“Es descabezar a la Caja, quitándole la capacidad de funcionar a la junta directiva y ver qué pasa (…), es una situación muy peligrosa para la seguridad social y el sistema de justicia de este país (…). Le pido a Dios que el juez haga lo que, desde mi punto de vista, es correcto, que es negar esas medidas cautelares”, explicó.
No obstante, tras una larga investigación, la Fiscalía sospecha que los directivos habrían efectuado tráfico de influencias, ya que, según la hipótesis, las cooperativas habrían participado en la elaboración del cartel de licitación e incluso mencionan algunos nexos entre directivos y cooperativas, cuyos contratos están en firme.
“La denuncia de la auditoría de la Caja. En la misma se investiga la contratación de servicios de Salud de 138 Ebáis, con precios sumamente excesivos, denuncia de injerencia de la junta en detrimento de una que llevaba más de 2 años de estar en curso. Se están disponiendo de muchos recursos, tanto del bolsillo de los costarricenses y el sistema de salud, donde va a haber un detrimento por precios excesivos”, aseguró Carlo Díaz, fiscal general.
“GUERRA JUDICIAL”
Como parte de los señalamientos contra los actos del Poder Judicial, Chaves advirtió que las acciones emprendidas podrían significar un golpe para la institucionalidad costarricense.
“Dios no quiera que se llegue a descubrir que esto fue una acción de guerra judicial contra el Gobierno, sería verdaderamente una mancha histórica en nuestro país”, expresó.
