Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, pedirá cuentas por el polémico contrato de ¢67 millones que hará el Instituto Nacional de Seguros (INS) en el estudio para evitar que los colaboradores pasen menos estresados.
DIARIO EXTRA publicó el 7 de enero que la institución buscará gastar esos recursos en un estudio que medirá el clima laboral, pese a contar con un departamento de recursos humanos.
La medida se encuentra disponible por medio de la licitación 2022LA-000078-001000001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Se hará una contratación de servicios profesionales a pesar de que la entidad posee el personal para desarrollar esos trabajos de campo.
Tras consulta de DIARIO EXTRA, Chaves manifestó desconocer si el tema se hizo por licitación o si existen encuestas de ambiente laboral donde digan que están muy estresados.
El mandatario se comprometió a consultar con Mónica Araya, presidenta ejecutiva del INS, y con la jerarca de la Junta Directiva para efectuar las valoraciones respectivas.
Eso sí, descartó que se tratara de un asunto de estrechez fiscal porque no son recursos de ese tipo.
“El INS es una empresa del Estado, no es parte del presupuesto de la República que está sujeto al programa del Fondo Monetario. No sé, voy a tener que averiguar cuál es el contexto, cuál es el alcance del estudio, qué motivó a esta situación, yo creo que tiene que haber un balance entre la vida y el trabajo para los empleados públicos en general”, explicó.
El mandatario aprovechó para mandarle un filazo a la aprobación del aumento retroactivo de los 62.500 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Eso es muy diferente a hacerse un pago retroactivo de ¢29.000 millones. Yo gasto ¢67 millones, ahí en veces se me pueden escapar. Usted sabe a lo que me refiero. Déjeme averiguarlo y le preguntamos a doña Mónica y a la presidenta de la Junta Directiva a ver qué tienen que decir al respecto”, detalló. A criterio de Chaves, se deben asumir estos puestos de ministro y presidente, los cuales representan un sacrificio extraordinario, a pesar de que los salarios son menores en comparación a lo que pagan las empresas públicas del Estado.
“Yo debo ganar una tercera parte, menos de la mitad de lo que gana la presidenta ejecutiva del INS. No se trata de eso. Entonces ahí hay un balance, ver cuál es”, finalizó.