Tras la noticia de que miembros de una junta directiva anterior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) fueron denunciados ante la Fiscalía por parte del Ministerio de Planificación (Mideplán), entre lo más esperado para la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno destacaba el conocer las impresiones del presidente de la República Rodrigo Chaves al respecto.
Presuntamente la junta directiva de 2010 de dicha institución habría instalado una estructura organizativa paralela en la entidad, lo que afectaría su trabajo e incrementaría los costos.
Al llegar el turno de este tema en la conferencia, el mandatario no se hizo esperar y de una vez comenzó a hablar sobre el tópico soltando sus frases directas: “no hemos podido hacer que el AyA despegue. Yo destituí al antiguo Presidente Ejecutivo por falta de resultados hace algún tiempo”.
A partir de entonces Chaves prosiguió comentando sobre la situación del ente público, del que dice es una “institución dura”.
“Es inaceptable lo que está pasando con el AyA, el servicio no mejora, las inversiones de más de mil millones de dólares para obras urgentes no avanzan. Hemos pagado intereses sobre esos montos, es una barbaridad lo que ha pasado ahí”, aseveró el gobernante.
Según indica el mandatario, al darse cuenta de la situación, ordenó a la ministra de Planificación, Laura Fernández, y al Presidente Ejecutivo del AyA que tomaran acciones, dentro de las cuales se encuentran, además de la denuncia, una intervención de la entidad.
“Crearon, entre otras cosas, 78 direcciones, es decir, añadieron 78 directores a la estructura, algunos que no tenían un solo supervisado, y desde entonces sigue la fiesta”, acotó el Presidente de la República sobre la junta directiva de 2010.
Chaves además señaló que a pesar de que los hechos se dieron hace 13 años, estos podrían no haber caducado para su judicialización en aplicación del artículo 32 del Código Procesal Penal, el cual indica que para “los delitos continuos o permanentes” los plazos de prescripción comenzarán a regir “desde el día en que cesó su permanencia”.
“Además nosotros tenemos la obligación legal de denunciar cuando nos encontramos con algo ilegal y le corresponderá a la Fiscalía y a los juzgados decidir si ese delito había prescrito”, sentenció.
El presidente Chaves informó también haber emitido un oficio a la Contraloría General de la República, solicitando acelerar dos auditorías de carácter especial que se le están desarrollando al AyA.
“Y al Mideplán y a AyA les ordené que me presenten un plan de correcciones urgentes, para priorizar la ejecución de proyectos de inversión y la actualización de los proyectos”, finalizó.
MIDEPLÁN
Cuando le tocó el turno a la ministra de Planificación, Laura Fernández, indicó que lo primero de lo que se dieron cuenta es que el AyA tiene suficientes recursos para el desarrollo de sus proyectos, provenientes tanto de tanto de créditos como de dineros propios de la institución.
“Hay proyectos que tienen atrasos acumulados de hasta 10 años. No es que en Costa Rica no haya agua, lo que no ha habido es la capacidad para invertir los recursos y generar la infraestructura”, acusó Fernández.
La jerarca de Mideplán solicitó no politizar el tema, ya que la investigación fue realizada por la Unidad de Reforma Institucional de su cartera.
“En el organigrama oficial del AyA hay una oficina que se llama Dirección Jurídica, pero cuando llegamos a revisar, a esa dirección le habían creado abajo nueve unidades, con sus correspondientes jefaturas y procesos de trabajo que pueden duplicarse, que pueden entrabarse los unos con los otros”, lamentó la jerarca.
Por su parte, el presidente ejecutivo del AyA, Alejandro Guillén, señaló que, tras dos meses de comandar la institución, le parecía que le ha fallado al pueblo de Costa Rica, ya que no ha logrado atender las necesidades que tiene el país.