El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que vetaría un proyecto de ley que actualizaría el canon (tarifas) de frecuencias para medios de comunicación.
La propuesta la impulsan los diputados Óscar Izquierdo (Liberación Nacional-PLN), Daniela Rojas (Unidad Social Cristiana-PUSC), Fabricio Alvarado (Nueva República-NR) y Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista-PLP).
EL PROYECTO
El expediente de ley 23.673 plantea la modificación de seis artículos de la Ley Nº.1758 con tres objetivos principales.
El primero sería actualizar los montos a aplicar por las concesiones de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, de forma que sean “atinentes a la realidad y entorno actual”.
Del mismo modo, se pretende “garantizar la continuidad de los servicios privados de interés público de la radiodifusión” y aclarar el régimen de sanciones que se aplicarían en caso de no cancelar.
¿EN QUÉ CONSISTE?
La propuesta señala que los programes de radio y televisión deben contribuir a elevar el nivel cultural del país.
Además las radioemisoras y televisoras comerciales estarán obligadas a ceder gratuitamente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un espacio mínimo de media hora por semana para fines de divulgación científica y cultural.
De los anuncios comerciales filmados que proyecte cada estación de televisión o sala de cine cada día, solo el 50% podrá ser de procedencia extranjera al cumplir este artículo un año de vigencia.
Al cumplirse dos años de vigencia, el porcentaje será del 40% y al tercero pasaría al 30%.
Por otra parte, se establecen sanciones que se aplicarían a las empresas que no cedan espacios al MEP o el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que no cumplan con un mínimo de 12 horas diarias continuas durante un plazo de 30 días naturales al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), ni entreguen información técnica sobre la red de radiodifusión.
Así como a aquellas que causen interferencias u obstaculicen transmisiones o comunicaciones de otros concesionarios, incurran en prácticas monopolísticas, oculten o falsifiquen información que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) o el Micitt requieran, operen frecuencias de radiodifusión sin contar con concesión, entre otros aspectos.
¿CUÁNTO PAGARÍAN?
El texto establece una tabla para actualizar las tarifas que deben pagar las empresas de radiodifusión.
Así, los concesionarios de radiodifusión sonora pagarán en forma proporcional a su potencia, según distintos parámetros.
Hasta 1.000 watts el monto a pagar sería el 50% de un salario base (¢231.100). En el caso de 1.001 a 2.500 watts el monto a cancelar sería ¢346.650.
De 2.501 a 5.000 watts el monto a cancelar sería equivalente a un salario base (¢462.200) y de 5.001 a 10.000 watts sería ¢577.750 (125% de un salario base).
De 10.001 watts en adelante el monto es equivalente, según el proyecto de ley, al 150% de un salario base (¢693.300).
Para cada enlace individual utilizado para la red de radiodifusión sonora los concesionarios pagarán ¢46.220 por año y las estaciones radiodifusoras de onda corta para servicio internacional pagarán ¢346.650.
En el caso de los concesionarios de radiodifusión televisiva por cada rango de frecuencias destinado a canal físico de televisión pagarán por año el monto equivalente a ocho salarios base: ¢3.697.600.
Para cada enlace individual utilizado para la red de radiodifusión televisiva pagarán por año un total de ¢115.550.
El objeto del impuesto anual, multas e intereses moratorios serán administrados por el Micitt.
Además regula la fusión, la adquisición del control accionario, las alianzas y otras figuras entre operadores.
¿POR QUÉ VETARÍA?
Siendo así, la pregunta es ¿por qué el presidente Chaves vetaría el proyecto de ley?
En conferencia de prensa el mandatario aseguró que vetaría la iniciativa porque estaría “regalando miles de millones de colones” a ciertos dueños de medios de comunicación y sus respectivos socios.
“(Hay empresas) que cobran por la publicidad que usted ve hasta ¢1.360.000 por 30 segundos. En minuto y medio hay empresas que pagan todo un año de alquiler (…) Les adelanto de una vez: yo voy a vetar (el proyecto) si progresa.
Dicen que yo ataco la institucionalidad y la separación de poderes. ¡No! Yo lo que ataco es ese tipo de tratos y propuestas, de cómo alguien (Izquierdo) les va a regalar (a los medios).
Alguien va a dar lo que es suyo a alguien más. Eso que es suyo es una propiedad social y el resto es una empresa privada.
Don Óscar, este es el lapicero que voy a usar para vetar. Eso sí, si usted consigue los 38 diputados, nosotros vamos a poner la lista de esas 38 personas en opinión pública de manera clara y transparente”, sentenció el mandatario.
Apegada a la línea de Zapote, Paula Bogantes, titular del Micitt, dijo que los montos establecidos preocupan en el Gobierno.
“No se hace distinción entre un operador nacional y un operador regional. Ustedes saben que las condiciones de los operadores en la Gran Área Metropolitana (GAM) es diferente al esfuerzo enorme que hacen las empresas pequeñas en las zonas rurales.
Se establece un monto base. Eso significa que el esfuerzo que tiene que hacer una empresa grande para pagar esos ¢3,6 millones o ¢4 millones y le subimos los enlaces no es el mismo que debe hacer una empresa pequeña para dar esos ¢4 millones.
Hay un montón de señalamientos que tiene el Micitt en relación con ese proyecto de ley. Nos preocupa que se está impulsando ese proyecto y el empuje que actualmente se le está dando en la Asamblea Legislativa”, manifestó.
Bogantes señaló que desde Zapote presentarán un texto de ley alterno, en el que las empresas puedan pagar como mínimo ¢78 millones por frecuencia de radiodifusión.
DIARIO EXTRA solicitó una reacción sobre el tema a Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), sin embargo, dijo que prepararía un documento donde aclararían las declaraciones de Chaves.
“En cuanto lo terminemos de producir se lo estaremos enviando, pero no será hoy”, respondió a El Periódico de Más Venta en Costa Rica.
RESPUESTA
“Al señor presidente quiero decirle que con toda tranquilidad respire profundo y que al menos este diputado está dispuesto a que trabajemos para fortalecer esta propuesta que yo he traído a la mesa, pero que ha sido firmada también por muchos otros diputados”, expresó el legislador Izquierdo.
“Yo siempre he estado abierto a construir mientras se respete primero la urgencia que tenemos en este contexto ante el vencimiento de las concesiones de radiofrecuencias y, segundo, el interés público, la libertad de prensa y expresión que hay que garantizar prioritariamente con estas concesiones”, añadió el verdiblanco.