Tras chocar con pared el Poder Ejecutivo al menos tres veces en su intención de efectuar el proyecto para la creación de Ciudad Gobierno, el presidente de la República Rodrigo Chaves decidió dar un giro de timón y optar por otra vía para acelerar una de las iniciativas estrella de su Administración.
El escollo insalvable es que la actual Ley General de Contratación Pública, N° 9986, no permite el desarrollo de la iniciativa bajo la modalidad de arrendamiento, tal como lo pretende el Poder Ejecutivo, lo cual ha sido señalado en tres ocasiones por la Contraloría General de la República (CGR).
La intención comunicada en noviembre del año pasado por el presidente Chaves era desarrollar el proyecto bajo el proceso “Construir, Arrendar, Transferir” (BLT, por sus siglas en inglés) con el finamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en un terreno que pertenece en parte el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como al Liceo de Costa Rica.
Por tal motivo, desde Presidencia y el Ministerio de Planificación (Mideplán) decidieron enviar a la Asamblea Legislativa no uno, sino dos proyectos para reformar los artículos 67 y 77 de dicha ley.
¿QUÉ DICE LA LEY?
El artículo 67 de la Ley 9986 es el que abre la posibilidad al Estado de arrendar bienes inmuebles sin emplear procedimientos ordinarios, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos, como demostrar que se trata de la opción más rentable.
La Administración podrá también presentar un estudio de mercado que señale que el bien que se arrendará es el idóneo. Ello permite incluso el arrendamiento de inmuebles que estén aún por ser construidos.
Sin embargo, el artículo 77 pone reglas específicas para los arrendamientos financieros, tal y como es la intención del Ejecutivo, para lo cual, dice el texto, se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.
No obstante, la Contraloría subrayó que no es posible para el Estado utilizar esta forma de financiamiento para el desarrollo de Ciudad Gobierno, pues el actual dueño de los terrenos en que pretende construir la iniciativa es el propio Estado, por lo que no puede cederlos al BCIE para que este se los arriende.
REFORMAS PLANTEADAS
De acuerdo con la jerarca de Mideplán, Laura Fernández, la primera de las propuestas de reforma “consiste en una interpretación auténtica del espíritu” de ambos artículos, “de forma tal que las señoras y señores diputados puedan analizar con toda calma el espíritu real de esa ley”, indicó.
Según dijo la jerarca, para elaborar dicha propuesta revisaron las actas del Congreso y de la propia Contraloría durante la tramitación de dicha ley, “para ver si (…) se quiso dar a entender que estos proyectos no se podían hacer en terrenos públicos”, señaló.
Fernández afirmó que su equipo no encontró nada que dijera eso durante la aprobación de dicha legislación, por lo que esperan que, a través del nuevo proyecto de ley, se les permita arrendar un terreno que ya es público.
La segunda propuesta busca reformar directamente los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública para que expresamente permita al Estado arrendarse a sí mismo terrenos públicos.
ALEGA OBSTRUCCIÓN
A pesar de la intención de reformar la legislación atinente, el mandatario mantiene que la interpretación que hizo el ente contralor fue “arbitraria” y sin base técnica.
“Hay gran obstrucción en este país, incluyendo la incapacidad de la contralora general de la República de explicar de manera clara y dejar de esconderse detrás de lo que ella llama (hace el ademán de comillas con sus manos) argumentos técnicos o criterios técnicos para que Costa Rica siga botando ¢30 mil millones al año”, dijo Chaves.
Una vez más, el presidente de la República tiró la pelota al Congreso al decir: “ahora le tocará a la Asamblea Legislativa decidir si quieren ser partícipes de una decisión que a todas luces no tiene sentido y que la contralora no ha podido explicar”.
En conferencias previas, tras el rechazo de los recursos de apelación presentados por Mideplán al rechazo de la CGR, tanto Chaves como la ministra Fernández cuestionaron que se utilizó una modalidad similar para construir el nuevo edificio del Congreso.