
Un total de 8.492 expedientes de ajuste por diferencias salariales de oficiales no han sido resueltos por parte de Seguridad Pública, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
A estos funcionarios se les debe dinero por errores en sus salarios o ascensos que no se pagaron a tiempo, sumando una deuda total de ¢2.357 millones que ni siquiera se reportó en las cuentas oficiales del año pasado.
La Contraloría indicó que Seguridad trabaja de forma “reactiva”; es decir, en lugar de pagar a los oficiales que llevan más tiempo esperando (algunos con expedientes desde el 2023), se ven obligados “a correr” para atender a quienes presentan recursos de amparo o demandas judiciales.
Se estima que el 54% de todos estos reclamos son por sumas menores a los ¢60 mil.
Por lo cual el ente contralor advierte que sale más caro pagarles a los administrativos “para que revisen el papel, que el monto final que recibe el policía”.
Además, señalan que esto no solo afecta la transparencia del Estado, sino que golpea directamente el sustento de las familias de los policías.
“Un segundo ámbito referente a los efectos financieros para la institución, por cuanto la deuda actual de ¢2.357 millones seguirá creciendo por intereses moratorios, los casos pendientes de cálculo, y el incremento de pasivos en los Estados Financieros del Gobierno de la República”, destaca el informe.
En la actualidad existen 220 demandas judiciales activas, y de no corregirse el rumbo, el sistema de pagos del Ministerio podría afectar, ante la presión de tantos reclamos legales.
Ante este panorama, se ordenó al ministro de Seguridad, Gerald Campos que deje de “poner parches” y diseñe un plan real para limpiar este rezago de expedientes.
Por este motivo, Seguridad tiene tiempo hasta el 14 de agosto de 2026 para certificar qué medidas tomará para simplificar los trámites, eliminar firmas innecesarias y, finalmente, asegurar que los oficiales reciban lo que por ley les corresponde sin tener que esperar años.
Grupo Extra realizó la consulta a Seguridad Pública, para conocer la posición sobre lo denunciado por la Contraloría.
Las nuevas autoridades de esta cartera indicaron que recibieron y tomaron nota del informe de liquidación 2025 y ya trabajan en un plan para atender esta acumulación.
“Ante los datos señalados, ya se están ejecutando las valoraciones y ajustes procedimentales necesarios para atender con prioridad los trámites de diferencias salariales pendientes”, afirmaron.
Asimismo, explicaron que ya se implementan medidas preventivas para evitar que futuras acumulaciones “comprometan la revelación oportuna y transparente de los datos en las liquidaciones financieras institucionales”.