Centros educativos arrastran proyectos sin concluir

Han transcurrido hasta 18 años desde que algunos centros educativos recibieron recursos para construir aulas, mejorar su infraestructura o adquirir terrenos, pero las obras siguen sin terminar.

Una auditoría del Ministerio de Educación Pública (MEP) determinó que cientos de proyectos presentan atrasos o mantienen recursos pendientes de ejecutar por problemas de gestión, seguimiento y control, mientras las necesidades de infraestructura continúan afectando a varias instituciones.

El informe de la Auditoría 05-2026, publicado el pasado 25 de junio, señala que la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) mantiene debilidades en la gestión de los proyectos de infraestructura, lo que ha provocado atrasos en iniciativas financiadas entre 2006 y 2023.

Según se lee, los auditores analizaron el comportamiento de 1.456 iniciativas de infraestructura y concluyeron que una parte importante continúa sin alcanzar los objetivos para los cuales fueron aprobadas.

Durante ese periodo, el MEP transfirió más de ¢226.629 millones a las juntas de educación y juntas administrativas para ejecutar proyectos de construcción, mantenimiento y compra de terrenos.

Pero al cierre de 2023 permanecían ¢96.418 millones en las cuentas de Caja Única del Estado, asociados a obras que no habían iniciado, proyectos inconclusos o recursos que continuaban sin utilizar.

“Se evidencia que, en el 2006, de nueve asignaciones de recursos para el inicio del proyecto constructivo, cinco instituciones educativas aún están a la espera de cumplir los objetivos institucionales planteados para atender sus necesidades de infraestructura”, indica el documento.

Es decir, algunos proyectos permanecen abiertos casi dos décadas después de haber recibido los primeros recursos, pese a que estaban destinados a atender necesidades prioritarias de infraestructura educativa.

Proyectos siguen sin completarse

De un total de proyectos analizados, 546 (el 37,5%) no mostraban ningún movimiento en las cuentas donde se depositó el dinero. A eso se suma que otros 270 proyectos todavía conservaban montos importantes sin utilizar.

Solo 640 proyectos registraban movimientos financieros que sugerían una ejecución prácticamente completa de los recursos, aunque ello no implicaba por sí mismo que las obras estuvieran formalmente concluidas.

En el documento se explica que los atrasos se deben a factores como problemas legales, trámites administrativos, procesos de contratación, compra de terrenos y fallas en la planificación y supervisión de las obras.

Para la Auditoría, el resultado de todo esto es que las necesidades urgentes de infraestructura educativa siguen sin atenderse durante años.

“Se generan riesgos que podrían materializarse al no utilizar dichos fondos, tales como: no alcanzar los objetivos propuestos para los cuales fue creado el proyecto de infraestructura educativa, retrasos en la construcción, pérdida financiera, posible corrupción en la administración de los recursos, ineficiencia o costos de oportunidad extremadamente altos”, advirtieron.

De los 43 expedientes revisados, solo nueve muestran que las obras ya habían terminado. 

Sin embargo, en ninguno de esos casos existe un informe oficial que confirme el cierre del proyecto.

La Auditoría también encontró que las juntas de educación y las juntas administrativas no envían con regularidad los reportes trimestrales sobre el avance de las construcciones y que esos documentos, cuando sí llegan, tampoco quedan incorporados a los expedientes que maneja la DIE.

Proyectos analizados

• 1.456 proyectos fueron analizados entre 2006 y 2023.

• 546 proyectos (37,5%) no registraban movimientos de recursos.

• 270 proyectos mantenían baja ejecución y saldos disponibles.

• Solo 640 reflejaban una ejecución suficiente para inferir su conclusión.

• Cinco de los nueve proyectos financiados en 2006 seguían pendientes al cierre de 2023.