El miércoles 29 de noviembre DIARIO EXTRA sufrió un cierre por parte de la Dirección General de Tributación, producto de una deuda de los anteriores dueños, la cual ya había sido saldada.
Directores de medios, expresidentes del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación (Colper), así como la presidenta de dicho organismo, externan su preocupación por este tipo de medidas.
Primeramente, los comunicadores afirman que estas acciones atentan contra empresas que ya cancelaron sus deudas tributarias.
“Coincido plenamente que la norma no tiene sentido y lleva a resultados indeseables como este, cerrar un medio de comunicación sin deuda alguna con Hacienda y por una sanción que estaba firme desde febrero del 2022 pero que se viene a aplicar con los nuevos dueños 20 meses después”, indicó Ignacio Santos, director de Telenoticias.
Igual criterio emitió Armando González, director de La Nación. “En términos generales, lo que me preocupa de esa legislación es que el cierre se le aplique a una empresa después de haber pagado; es decir, el mero atraso ya podría acarrear el cierre, independientemente que después pague. Me parece que una norma planteada en esos términos pasa por alto el papel tan importante que juegan las empresas”, manifestó.
Por su parte, Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, confirmó que “ya es preocupante el cierre de un medio de comunicación, pero también es suficientemente problemático el cierre de una empresa que ya pagó lo adeudado en Hacienda”.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RIESGO
Aunque los cierres son muy peligrosos para todos los casos, hay una especial atención a los riesgos cuando estas medidas administrativas se aplican a medios de comunicación.
Noguera asegura que “se está hablando de un cierre de un medio de comunicación y eso es peligroso, sobre todo con las denuncias que ha hecho el medio DIARIO EXTRA, ocurren aplicando una ley que no tiene una forma reglamentaria para aplicarse”.
Más adelante la periodista plantea que eso no significa una patente de corso para nadie. “Todos debemos ser buenos ciudadanos y pagar los impuestos, pero cuando se trata de medios de comunicación la administración debe tomar cuidados adicionales”, añadió.
Mientras que Ema Lizano, expresidenta del Colegio de Periodistas, también reclamó lo peligroso que puede ser el cierre de un periódico. “Es problemático que este cierre se presente cuando con la nueva administración del DIARIO EXTRA empezaron a salir notas que podrían molestar al gobierno, eso debe revisarse muy bien”, advirtió.
Igualmente, Raúl Silesky, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), así como expresidente del Colper, dijo que “cualquier acción administrativa o tributaria en contra de un medio informativo debe ser analizada con mucho cuidado para discernir si es una acción motivada con el fin de promover una censura o castigo, o bien cumplir con la legislación existente”.
ESPADA DE DAMOCLES NO DEBE PESAR SOBRE MEDIOS
Los expertos consultados reconocen que puede existir un problema en cuanto a una posible injerencia gubernamental, producto de decisiones administrativas.
Armando González afirmó: “Me preocupa esa discrecionalidad del cierre. Una empresa que sabe que existe la posibilidad de que la cierren puede sentir la espada de Damocles a la hora de realizar su labor informativa”.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS PROVOCAN CIERRES DEFINITIVOS EN OTROS PAÍSES
La utilización de cierres de medios por resoluciones administrativas no es algo único de Costa Rica.
En otros lugares, diferentes gobiernos han usado estos cierres para intentar que los medios se autocensuren y cesen ataques en su contra, o de plano terminan cerrándolos.
Un caso relacionado también con medidas tributarias llevó al traslado de operaciones del periódico El Faro, de El Salvador a Costa Rica, este año.
Sus propietarios denunciaron un acoso sistemático de las autoridades de Hacienda.
Este diario tenía 25 años de existir y era un medio crítico de la gestión del actual gobernante salvadoreño, Nayib Bukele.
Otro caso más agresivo fue el del periódico de La Prensa, en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega inició una lucha contra el diario fundado en 1926.
En medio de esta pugna, el régimen orteguista lo cerró definitivamente y confiscó sus bienes argumentando incumplimientos aduanales de los propietarios.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRA MEDIOS EN EL GOBIERNO DE CHAVES
Lo ocurrido en el extranjero son solo dos ejemplos de a lo que puede llegar la actividad discrecional administrativa con los medios de comunicación.
Además del caso del cierre de DIARIO EXTRA por cinco días, debido a una sanción administrativa impuesta por Tributación Directa, a pesar de que la deuda había sido pagada, otro medio de comunicación también sufrió con temas de Hacienda.
En junio de 2023 Leonel Baruch, propietario de CR Hoy, fue vinculado en un caso que el Ministerio de Hacienda calificó de “megafraude”, en medio de una serie de investigaciones que realizaba dicho medio de comunicación sobre la labor gubernamental.
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que esas investigaciones se basaron en publicaciones de la red social TikTok.
Yendo todavía más atrás, en julio de 2022 el Ministerio de Salud cerró el Parque Viva por una denuncia anónima sobre afectaciones que presumiblemente sufrían los vecinos del centro recreativo ubicado en Guácima, Alajuela.
Este parque forma parte del conglomerado empresarial del Grupo Nación, propietario de los medios de comunicación de La Nación y El Financiero. La Sala Constitucional en diciembre resolvió que dicho cierre fue arbitrario y atentaba contra la libertad de expresión.
NORMA ES INÚTIL PARA RESOLVER Y HACIENDA CALLA
Tanto Carlos Camacho, experto en derecho tributario, como los periodistas consultados coinciden en que la norma no ayuda a mejorar la recaudación fiscal.
Además critican que esa potestad de la administración pueda presentarse cuando el administrado ya ha acudido a pagar sus obligaciones, por ende, el daño posible ya ha sido resuelto.
Sobre este punto el ministro de Hacienda declaró a un grupo de periodistas que la norma lo que sanciona es el pago tarde de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
DIARIO EXTRA consultó al Ministerio de Hacienda si este tipo de acciones administrativas atentan contra la libertad de expresión, pero al cierre de edición solo recibimos como respuesta que trasladarían la pregunta a los departamentos específicos para dar una respuesta.
NORMA CUESTIONADA
Este cierre se fundamentó en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual permite que las empresas que se retrasen en el impuesto de valor agregado (IVA) o por la retención en la fuente reciban dicha sanción.
“El artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios faculta a la administración tributaria al cierre de negocios por el pago tardío o fuera de tiempo de cualquier impuesto, en especial el impuesto de valor agregado y el de retención en la fuente, esto puede ocurrir aun cuando el obligado haya solventado la deuda”, afirmó Camacho.
La propia Sala Constitucional ha señalado que el cierre no debe aplicarse “sin más análisis y sin utilizar criterios de ponderación y circunstancias atenuantes. En su lugar, deberá valorarse en cada caso concreto si existió o no causa eximente o atenuante para emitir la orden de cierre de local como sanción”.
La norma ha sido cuestionada por diversos actores, quienes consideran que podrían vulnerarse derechos constitucionales de los contribuyentes.
“Carece de un sentido práctico, ha sido muy criticado inclusive en cuanto a los derechos constitucionales del contribuyente, aun así, la Sala ha considerado que la norma no violenta la libertad de empresa.
A pesar de ello, esta norma no ayuda en nada a la recaudación, más bien el cierre lo que hace es dificultar el obtener los recursos para que el contribuyente pueda pagar”, manifestó.
En el mismo sentido, varios periodistas afirmaron que es peligroso que los medios de comunicación puedan ser cerrados por sanciones administrativas y que esto atentaría contra la libertad de expresión.
CIERRES PREOCUPAN A PERIODISTAS
Yanancy Noguera
Presidenta del Colper
“La verdad es que es muy preocupante que lo que haya ocurrido aquí es un cierre a un medio de comunicación, pero incluso si no fuera un medio de comunicación ya es suficientemente preocupante que sea cuando los impuestos ya estén pagados. Yo puedo entender una acción relacionada con un impago de impuestos, no importa de cualquier tipo de organización, pero si es un medio de comunicación, ese medio gestionó los pagos y hay una transición de dueños de la empresa y los nuevos dueños se hacen responsables de las deudas financieras pasadas, ¿dónde está el inconveniente?”.
Ignacio Santos
Director de Telenoticias
“Coincido plenamente en que la norma no tiene sentido y lleva a resultados indeseables como este, cerrar un medio de comunicación si no hay deuda alguna con Hacienda y por una sanción que estaba firme desde febrero del 2022, pero que se viene a aplicar con los nuevos dueños, 20 meses después”.
Armando González
Director de La Nación
“La sanción de cierre pende como una especie de espada de Damocles que puede ser utilizada para provocar o causar la autocensura para amedrentar, por eso me parece que en especial en la empresa periodística esta norma tiene una situación que es particularmente peligrosa”.
Carlos Camacho
Socio director de Camacho Internacional
“Todo cierre de negocio, sin importar el sector, genera una serie de consecuencias en todos sus partícipes. También hay una serie de agravantes y no solo al contribuyente mismo, sino a la ciudadanía misma”.
Ema Lizano
Expresidenta del Colper
“Si ya estaba cancelada la deuda, no encuentro lógico por qué se tiene que aplicar el cierre. Si se hubiera mantenido la deuda, eso sería entendible. Lo que sí puedo deducir es que han salido notas bajo esta administración de DIARIO EXTRA que sí están molestando y poniendo en evidencia ciertas cosas del gobierno y, bueno, es bien conocido que el señor presidente toma represalias con los medios de comunicación cuando no se ajustan a lo que él quiere. A mí me parece que no es sano para la democracia que se den estos cierres y por supuesto que eso atenta contra la libertad de expresión”.