La decisión tomada por el Ministerio de Hacienda de no permitirle al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el permiso para poder utilizar los recursos que tiene disponibles, le impide ejecutar el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (Censo 2021), lo que implica, no sólo negarle al país disponer de información, sino cometer el gravísimo error de caminar sin brújula en medio de una coyuntura de tanta incertidumbre.
Lo anterior, debido a que el INEC solicitó la aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Ejecutivo 41641–H, para que de esta manera el Gobierno cediera a la institución el espacio de crecimiento que necesitaba para poder usar los recursos disponibles y realizar el Censo 2021, permiso que el ministro de hacienda, Elian Villegas denegó.
Al ser una institución autónoma, los planes de trabajo del INEC tienen ciclos de producción estadística y presupuestarios que no son constantes todos los años. Ejemplo de ello es el Censo Nacional que por ley debe realizarse cada 10 años, lo que significa una inversión mayor durante el 2021.
El INEC solicitó el presupuesto del próximo año de acuerdo con lo establecido en la Ley 9694 y al Plan plurianual de producción estadística, lo cual contempla la realización del Censo 2021
Dicha ley, en sus artículos 52 y 53 contempla recursos frescos para realizar la producción estadística y establece que los superávit libre que se generen constituirán una reserva destinada exclusivamente al financiamiento de todos los costos de los censos nacionales, entre otros.
El no contar con la información censal, tendrá consecuencias muy negativas para el país, pues conlleva que los recursos escasos se distribuyan con base en información que no responde a las necesidades actuales y no pueda medirse las repercusiones sociales inmediatas de la crisis económica y social que permitirían reactivar al país post pandemia COVID-19.
No obstante, no solo no se podrá suministrar al país esa información actualizada en el ámbito nacional, regional y para áreas y poblaciones vulnerables; sino que tampoco se podría exigir rendición de cuentas por las decisiones tomadas, lo cual representa un gran riesgo para el empoderamiento ciudadano.