Cemex de Costa Rica anunció que apeló la resolución de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía de anular la concesión para la extracción de piedra caliza, arcilla y puzolana de los tajos en Colorado, Abangares.
También solicitó se detengan los efectos de esa resolución, de tal manera que pueda seguir operando, de lo contrario pronto habrá desabastecimiento de cemento en todo el país.
Así lo explicaron ayer Alejandro Varés, director de Planeamiento de Cemex, y su abogado Aldo Milano, quienes visitaron DIARIO EXTRA para explicar las consecuencias de esa resolución y cómo la atacarán administrativa y judicialmente.
Este lunes se conoció que René Castro, ministro Ambiente y Energía, avaló la decisión de Geología y Minas, ahora la empresa decidió apelar y pedirle que mientras resuelve le permita seguir extrayendo material para producir cemento y evitar el desbasto.
POLÉMICOS IMPUESTOS DE 10 AÑOS
Milano explicó que la idea es que en pocos días el Ministro les permita seguir con sus actividades para no suspender la producción de cemento, mientras eso ocurre procesan los miles de metros cúbicos de material que tenían en los patios de la planta.
De no tener éxito, Cemex recurrirá a la vía judicial para evitar que se paralice la producción.
Este es uno de los procesos sobre un viejo litigio con la Municipalidad de Abangares sobre el pago de los impuestos de hace 10 años, donde la empresa estima que no debe cancelarlos y el ayuntamiento que sí, incluso exige intereses y multas.
Todo se remonta al momento cuando la propia Municipalidad reconoció que Cemex no debía pagar impuestos e hizo un esquema de donaciones en su lugar. Sin embargo echó marcha atrás y comenzó a tratar de cobrarlos en forma retroactiva, lo que la empresa no acepta. Por su parte Cemex empezó a hacer los depósitos judiciales de ese tributo, a la espera de que los jueces resuelvan al final darle la razón y poder recuperarlo.
Varés explicó que ante tal problema muchas personas se han acercado a Cemex para ofrecerle materia prima para seguir operando y que los 1.600 trabajadores no se vean afectados.
Además el 50% del cemento que se usa en el país se produce con la materia prima de esos dos tajos, por lo que habría desabastecimiento y se afectarían importantes proyectos que construyen empresas para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). “Nosotros estamos de acuerdo con el pago del impuesto, aunque legalmente no tengamos que pagarlo, pero que se lo cobren retroactivo, con intereses y multas millonarias no. Hemos querido un arreglo con la Municipalidad pero no se pudo”, concluyó Varés.