Este mes de abril se celebraron 20 años de tres importantes conquistas costarricenses en derechos humanos, democracia y comercio internacional.
Hace 20 años, el 16 de abril de 2001, tuve el privilegio de sancionar una ley pionera, con la cual Costa Rica revolucionó el derecho de familia en favor de la madre y de los hijos. Se cambió las normas heredadas del derecho romano de hacía más de 20 siglos en cuanto a la filiación de los hijos, para permitir que la madre pudiera declarar la paternidad del hijo nacido fuera de matrimonio. La Ley de Paternidad Responsable ha permitido que desde su aprobación decenas de miles de niños y niñas sean inscritas con el nombre de su padre, y no con la ignominiosa descripción de padre desconocido que antes se utilizaba. Antes de esta legislación habíamos llegado a la dolorosa situación de que casi un tercio de los bebés nacían en esa condición, que los privaba del apoyo emocional, educativo y material de su padre. Y que con razón Lorena indignada consideraba una ofensa para las madres, como si ellas no supieran quien era el papá de su hijo.
Para aplicar la ley se construyó el laboratorio especializado para los exámenes de ADN. Ya al año siguiente de la puesta en vigencia de la ley se dieron sus maravillosos resultados: más de 16.000 bebés fueron registrados con el nombre de su padre, lo que no habría ocurrido sin la Ley de Paternidad Responsable. La gran mayoría de ese reconocimiento se dio y se sigue dando sin necesidad de recurrir a pruebas de ADN, pues los papás aceptan la declaración de la madre. Esa cifra siguió aumentando año con año.
El 22 de abril de 2001 firmamos la Declaración de Ciudad Quebec como conclusión de la Tercera Cumbre de las Américas. A propuesta de nuestra delegación se incluyó la cláusula democrática para el proceso de las Cumbres de las Américas.
Con posterioridad se celebró en San José la XXXI Asamblea General de la OEA que, tomando en consideración esa cláusula democrática y el mandato de elaborar la Carta Democrática Interamericana, aprobó como base para la Carta Democrática Interamericana el texto presentado en esa ocasión y llamó a una reunión para aprobarla, que se efectuó el 11 de setiembre siguiente en Lima, Perú. Gracias a los esfuerzos gestores de Canadá, Costa Rica y Perú contamos hoy con ese instrumento fundamental para la defensa de la democracia en nuestro hemisferio.
El 23 de abril de 2001 firmamos en Ottawa el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica. Fue el primer acuerdo de libre comercio entre un país del G7 y una pequeña economía de ingresos medios. Que se pudiese dar parecía imposible, porque para Canadá los costos de negociar con nosotros son iguales que los de negociar con un país mucho más grande y rico que le abre un mercado mucho mayor para sus productos.
La apertura a negociar ese tratado se dio en enero del año 2000 durante mi visita de estado a Canadá, ocasión durante la cual llegamos a ese acuerdo con el Primer Ministro Jean Chrétien. Para que se diera aprovechamos la coyuntura del atraso en la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que Canadá deseaba acelerar.
En 1994 en la Primera Cumbre de las Américas en Miami se había aprobado el propósito de construir el ALCA. Seis años después el avance era lento.
En las conversaciones con el Primer Ministro Chrétien lo que facilitó el inicio de las negociaciones entre Canadá y Costa Rica fue la posibilidad de que los EE.UU. consideraran que era de su interés apurar la conformación del ALCA, ante la posibilidad de que su vecino del norte le compitiera con ventaja en los países al Sur del Río Grande acordando tratados de Libre Comercio.
Esos tres acontecimientos de hace 20 años son dignos de celebración. Son verdaderos aportes en derechos humanos, en democracia y en comercio internacional. Son contribuciones para nuestro bienestar y para la comunidad internacional.