El caso de Francisco Javier Rivera no es único. Son miles de costarricenses los que acuden a la Sala Constitucional en busca de que se obligue a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a darles atención médica.
Lo que él intenta es hacer un arreglo de pago para conseguir un tratamiento contra el cáncer y resulta inhumano que la institución cierre sus puertas a un paciente al que le urge recibir quimioterapia.
Hay una deuda pendiente, eso no está en discusión, pero entonces ¿para qué sirve el mecanismo de arreglo de pago si no es para casos como este, donde el asegurado esta al día con el seguro, pero mantiene una mancha de morosidad?
Negarle la atención va en contra de convenios internacionales y de la propia Constitución Política. Se supone que hablamos de un sistema solidario, sin embargo, aquí parece no aplicar.
¿Entonces el derecho a la salud está para quien paga y el que no tiene dinero se muere? Y es que es difícil explicarle a una persona con cáncer, que no puede atender su negocio de momento, que le toca pagar ¢65 mil en cada cita.
La Salud pública se define como la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger el bienestar de la comunidad, así como prevenir enfermedades, lesiones e incapacidades.
Nos preguntamos si esto realmente se cumple, tomando en cuenta que entre 8.000 y 9.000 casos atiborran la Sala Constitucional cada año por la supuesta inacción de la CCSS.
Estamos hablando de que representan en promedio una tercera parte de los recursos de amparo que se tramitan ante dicho Tribunal, lo cual no es nuevo, pero realmente debiera de poner las barbas en remojo.
La normativa debe revisarse. No es posible que tanta gente se vea obligada a recurrir al Poder Judicial para recibir un derecho consagrado en nuestra Carta Magna.
Y todavía resulta más increíble que en muchos casos estas sentencias no se acaten al pie de la letra y transcurra todavía más tiempo para que los pacientes sean atendidos.
En definitiva, toca replantear el modelo de atención que se está brindando a los asegurados, aunque estamos conscientes de que parte del problema se origina en la falta de modernización del sistema.
Hoy tenemos hospitales con un 200% de saturación y frente a este panorama es lógico que no quede espacio para ver este tipo de casos desde la perspectiva humana.
Pero así no hay modelo que aguante y hay que reconocer que los planes para reducir las listas de espera no han funcionado en los últimos años. Y no es un asunto de esta Administración, pese a que sí debería emprender acciones serias. Y mientras, “¿ahora quién podrá defendernos?”.