CCSS prorroga emergencia por especialistas para evitar colapso
Ante falta de miembros de la Junta Directiva
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó de forma unánime prorrogar la declaratoria de emergencia institucional por un periodo de seis meses adicionales.
La medida busca garantizar la continuidad de los servicios de salud y mantener las estrategias excepcionales implementadas tras la crisis de especialistas iniciada a finales de 2024.
Al no contar con la integración legal de nueve miembros, la sesión número 9608 se celebró bajo la figura de “funcionario de hecho”.
Gilberth Alfaro, director jurídico de la institución, justificó esta modalidad ante la urgencia de evitar una parálisis técnica, además, apeló a principios constitucionales de continuidad del servicio público y la protección de la vida de los asegurados.
El Dr. Marvin Palma, gerente médico, presentó un balance de las ocho estrategias que han servido como “escape” ante la fuga de profesionales.
Entre los resultados más destacados, mencionó que el 90% de los 301 especialistas que renunciaron regresaron a la institución (271 médicos), aunque 54 de ellos lo hicieron bajo modalidades de jornadas especiales, lo que mantiene la presión sobre la capacidad resolutiva.
Asimismo, resaltó el éxito del Centro de Traslado Institucional (CTI) y la reducción de tiempos de espera en emergencias; por ejemplo, en Cartago la atención pasó de 9 horas a solo 1.5 horas.
Además de la prórroga, la Junta aprobó las tablas de pago único por resultados para especialidades críticas como ortopedia, hemodinamia y ginecoobstetricia.
El directivo Edgar Villalobos subrayó que estas medidas no representan un gasto indiscriminado, sino una “inversión” para optimizar la infraestructura y el equipo existente fuera de la jornada ordinaria. La extensión de la emergencia regirá hasta el 4 de febrero de 2027. Durante este periodo, la Gerencia Médica deberá presentar un informe integral sobre la ejecución de los planes de transición y la efectividad de las medidas extraordinarias para decidir si estas se convierten en políticas ordinarias de la institución.