Los costarricenses tendrían que trabajar cinco años más para poder pensionarse en caso de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adopte esta medida contemplada dentro de la “Propuesta para el equilibrio financiero y actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”.
Según el texto, actualmente los afiliados que no alcancen las 300 contribuciones a la edad indicada (65 años) pueden acceder con al menos 180 cuotas, lo cual alegan que “desincentiva la cotización al Régimen y, además, no es congruente con la relación que debe existir en un seguro de pensiones como el IVM, entre la edad de retiro y el esfuerzo contributivo”. Por ende, buscarían que la posibilidad con 180 sea posible hasta alcanzar las siete décadas.
Este documento, del cual Diario Extra tuvo acceso por medio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), propone también otros cambios que afectan directamente al cotizante y los jubilados, entre ellos, eliminar el aumento semestral a las pensiones mínimas y la pensión anticipada en el caso de las mujeres, la cual actualmente está fijada en los 63 años.
Así como subir el monto de la cuota y disminuir el porcentaje que ganan bajando hasta el 40%, es decir, alguien que recibe ¢600.000 pasaría a tener una pensión de ¢240.000.
“Las propuestas que se han desarrollado propician una mejora importante en la situación financiera de corto plazo del Seguro de IVM, al eliminarse el riego de no pago del Estado y un ajuste en la prima de contribución”, reza el texto.
El informe se elaboró el mes pasado en conjunto con el Comité de Vigilancia del IVM y pese a que no está en firme, se espera que funcione como insumo para la junta directiva de la Caja con respecto a la toma de decisiones relacionas con las jubilaciones de los ticos que cotizan a este Régimen.
Los cambios necesarios
El gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, externó a este medio que deben realizarse variaciones en el IVM para garantizar las jubilaciones de los ticos en 25 años.
Según el funcionario, los informes actuariales detallan la necesidad de aplicar reformas, las cuales permitirían oxigenar los sistemas. Por ejemplo, en la década de 1980 se advertía que no habría fondos para cancelarle a todos a partir del 2000.
Sin embargo, las acciones generadas, que incluyeron un aumento en la edad de retiro a principio de siglo, permitieron seguir pagando la obligación.
Ahora, Barrantes puntualiza sobre la necesidad de aplicar nuevos cambios, entre los que propuso ajustar parámetros para motivar a la mujer a incorporarse más al mercado laboral.
También, llegar a los trabajadores independientes, redirigir recursos que el Estado deje de aportar a los regímenes con cargo al presupuesto nacional que van desapareciendo y redireccionar el porcentaje de las cargas sociales patronales de otras instituciones.
“Hay que hacer algunas acciones precisamente para garantizar que ese momento pueda extenderse más allá de 2050 y eso todos los países lo vienen haciendo conforme la sociedad ha ido cambiando. Si mantenemos las mismas condiciones, al 50 ya no habrá pensiones”, advirtió.
La Dirección Actuarial de la CCSS reveló un déficit de ¢74,6 billones, el cual la hará incapaz de liquidar a partir de 2047.
Según los resultados, el Régimen en cuestión empezaría a dar tumbos dentro de 20 años y antes de la mitad de siglo tendría problemas para abarcar la totalidad de remuneraciones.
“Si el Estado puede pagar y hacer frente a la deuda más a la responsabilidad oportuna y completa de su obligación anual, definitivamente le daría un respiro importante al Seguro del IVM”, indicó la directora actuarial de la Caja, Carolina González. En términos generales, el informe dice que el Régimen solamente tiene la solvencia para pagarle al 56,1% de los jubilados a partir de esa fecha.
Jaime Barrantes
Gerente de Pensiones CCSS
“En las circunstancias actuales hay que hacer algunas acciones para garantizar que
ese momento pueda extenderse más allá que en 2050.
La sociedad se
ha ido cambiando”.
Juan Carlos Durán
Asesor sindical de ANEP-CCSS
“Instamos a las representaciones solidaristas y cooperativas a no avalar esas propuestas y hacemos votos porque se pronuncien en contra de las mismas. Se requiere abrir un diálogo estructural”.
