CCSS pierde control de deuda estatal por fallas del ERP-SAP

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta un vacío contable en el registro de la deuda del Estado desde junio, tras la entrada en operación del nuevo sistema financiero ERP-SAP.

Así lo advierte la Auditoría Interna en el oficio AD-AFINPE-0089-2025, remitido el 7 de octubre a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias Financiera y de Pensiones.

“Resulta relevante, desde el punto de vista financiero y contable, disponer de reportes sobre la deuda estatal para los meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2025, siendo que esta información es de particular relevancia para medir el comportamiento de los adeudos del Estado, la cual constituye una de las fuentes de ingresos para el financiamiento de los seguros de salud y pensiones”, señala el documento. A mayo, el Estado debía a la CCSS ¢4,4 billones, equivalentes al 8,62% del PIB, de los cuales el 82,6% corresponde al Seguro de Salud y el 17,3% al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Casi la totalidad de esa deuda, el 99,98%, no ha sido negociada.

La Auditoría indicó que la Dirección Financiero Contable ordenó activar una contingencia para registrar y facturar las cuotas estatales pendientes mientras se estabiliza el sistema, pero el proceso aún no ha permitido restablecer la continuidad de los reportes financieros.

El informe advierte que la falta de información contable confiable compromete la planificación financiera y la sostenibilidad de los seguros sociales, en un contexto donde la deuda del Estado creció ¢580 mil millones en el último año.

“La gestión de la deuda estatal con la CCSS se encuentra en un momento crítico, marcado por desafíos operativos, divergencias contables, limitaciones presupuestarias y situaciones de carácter político”, concluye la advertencia.

Actualmente, el Ministerio de Hacienda solo presupuestó ¢85.000 millones para el pago de esta deuda en el ejercicio 2026, lo que representa apenas un 1,9% del monto total adeudado, cifra insuficiente para reducir el rezago histórico que mantiene el Estado con la Caja.