Tras la fallida licitación para la construcción del nuevo hospital Max Peralta de Cartago, la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. no tendría que pagarle nada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pese a que el consorcio extranjero fue el que decidió retirarse de la obra adjudicada.
Esto, ya que la institución no habría pedido garantía de participación, la cual es un monto que deben depositar las compañías concursantes que quieran competir, sin embargo, en el expediente del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) no aparece que ninguno de los participantes lo haya hecho.
“No hay una garantía de participación y el expediente no está todavía en el contrato, en este momento el contratista se puede ir y no ha presentado una garantía que ejecutar, porque ni siquiera la ha presentado.
A ninguna empresa se le pidió garantía de participación, porque el pliego de condiciones no lo pide”, explicó a Extra Radio Johan Orozco, especialista en Contratación Administrativa.
Durante el proceso licitatorio, las empresas escogidas deben realizar dos depósitos: el primero, de participación y el segundo, una vez adjudicada, se debería realizar el desembolso de cumplimiento.
El consorcio mexicano al resultar seleccionado tenía hasta la media noche del miércoles 18 de setiembre para depositar a modo de garantía $7 millones (cerca de ¢3.710 millones).
Sin embargo, tras no realizar el pago, se envió la carta a la Gerencia de Infraestructura para solicitar la anulación del acuerdo, donde, según alegaron, el ambiente político alrededor del terreno y la situación monetaria los hicieron renunciar al proceso.
Pese a que Orozco ve poco probable que la institución ejerza algún tipo de sanción en contra del consorcio mexicano, el diputado cartaginés Alejandro Pacheco considera que la Caja debe tomar acciones legales.
“Yo creo que la CCSS debería emprender acciones legales en contra de esta empresa para cobrarles, probablemente hay algún depósito de garantía que tuvieron que presentar a la hora de que se inició la licitación. Veremos qué decisión toma la junta directiva en la próxima reunión que tenga”, explicó.
Por su parte, en la carta de justificación del rompimiento de acuerdo, la empresa mencionó los tratados de comercio vigentes entre ambos países, con lo que esperan librar algún tipo de penalización.
