
Más de 6.500 trabajadores independientes son víctimas de cobros de planillas adicionales por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Es decir, la institución confecciona una planilla extra a todos aquellos trabajadores que registren una diferencia entre el salario devengado y el reportado ante ella.
Los cobros se basan en una solicitud que la junta directiva de la Caja hizo a su departamento de Inspección de Leyes, que buscaba una interpretación de la normativa.
En esa línea en la CCSS explicaron que a partir de marzo de 2005 los trabajadores independientes están obligados a inscribirse como tales ante la institución.
“En caso de que esta obligación se haya incumplido, o bien cuando el trabajador independiente no hubiere reportado la totalidad de sus ingresos a la institución, se confeccionarán facturas adicionales por el periodo en el que se presentó el incumplimiento, dicho procedimiento administrativo se realiza en garantía del derecho de defensa, según lo establecido en el Reglamento para verificar las obligaciones patronales y de trabajadores independientes”, informaron en la CCSS a través de una respuesta enviada a DIARIO EXTRA vía correo electrónico.
Datos de la CCSS revelan que al 31 de marzo de 2020 un total de 115.045 trabajadores independientes activos adeudan a la institución encargada de la seguridad social por morosidad un total de ¢210.118 millones.
COBROS ILEGALES
Para los trabajadores independientes se trata de cobros ilegales y confiscatorios que violentan principios básicos como el derecho a la irretroactividad de las leyes, prescripción, reserva de ley, principios de legalidad, constitucionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
En algunos casos a abogados y notarios, quienes en su mayoría ejercen como trabajadores independientes, les aplican cobros de planillas desde hace varios años, incluso 13 o más.
Ante estos casos existe una gran cantidad de procesos legales presentados a nivel constitucional, legal, laboral y administrativo que se encuentran pendientes.
En el Colegio de Abogados también elaboraron un informe a cargo de la Comisión Tributaria por orden de la junta directiva, en el cual exponen la ilegalidad de las acciones de la CCSS.
Dicho documento, de 60 páginas en total, está firmado por Adrián Torrealba Navas, reconocido jurista nacional.
El informe evidencia que la Caja genera diferencias de cobros, basándose en que una persona asalariada debe aportar al seguro el 10,34%, mientras que a los independientes les cobran hasta un 21%.
“El régimen actual de los trabajadores independientes en la seguridad social lleva a la imposición de cargas totalmente confiscatorias, con violación del artículo 45 de la Constitución Política y de lo dispuesto por el artículo 167 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, cita el informe en sus conclusiones.
Añade que se violenta el principio de reserva de ley en materia tributaria, pues se fijan elementos cuantitativos por acuerdos de junta directiva y no por ley.
También se violentan los principios de igualdad tributaria y capacidad económica porque se establece una carga de más del doble que lo que pagan los trabajadores asalariados.
“Pese a que la Ley Constitutiva establece en su artículo 3 que las cuotas de los independientes no deben contemplar el componente de ‘cuota patronal’ y, además, debe mediar contribución estatal, por acuerdo de la Junta Directiva se ha establecido un sistema de tarifas progresivas en que, a medida que se aumenta el nivel de ingreso, suceden dos cosas: por una parte, va disminuyendo, hasta desaparecer, la contribución estatal; por otra, va creciendo la tarifa hasta llegar a un tramo del 22%.
Este porcentaje se establece en las fiscalizaciones que se están desarrollando, sobre la renta neta declarada en el impuesto sobre la renta, sobre la cual en el tramo más alto se tributa a un porcentaje del 25%. En consecuencia, la tributación del independiente llega así a un total del 47% sobre la renta neta”, explica Torrealba Navas en el informe.
INCREMENTO EN DAÑO
Arnoldo Segura Santisteban, asesor legal del Colegio de Abogados, dijo a El Diario del Pueblo que presentaron una acción de constitucionalidad contra el reglamento de la CCSS, la cual fue admitida y se encuentra en estudio. También tienen pendiente el dictado de la sentencia de un proceso contencioso.
“Hay un incremento en lo que podríamos llamar el daño que se les está causando a los trabajadores independientes, no solo al gremio de abogados, sino a los trabajadores independientes en general.
Dependiendo de los casos, hay personas a quienes les están cobrando una cantidad de cuotas no tan grandes, pero hay otras a las que cobran 13 años de cuotas con un cálculo que no tiene ninguna base, ningún fundamento, entonces es una cantidad astronómicas de dinero. A algunas personas les están cobrando de ¢30 millones a ¢40 millones en cuotas”, explicó.
Sobre la retroactividad de los cobros que aplica la CCSS dijo que es parte de lo que cuestiona el Colegio de Abogados en los procesos, donde además se refieren a la creación del Reglamento para Trabajadores Independientes.
“El sistema por el que se creó la Caja Costarricense es tripartito, no está ni siquiera en una ley. Está establecido directamente en la Constitución Política y hace referencia a que la Caja debe ser sostenida por un patrono, el trabajador y el Estado. Como podrá comprender, los trabajadores independientes no tienen un patrono”, añadió Segura.
Para el asesor legal, la CCSS no puede tomarse la atribución de rebajarles a los trabajadores independientes el porcentaje que correspondería también al patrono porque no tiene una base para hacer el cálculo.
ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD
El abogado Adrián Montero elaboró otro informe que resume las acciones que se desarrollan en estos procesos.
Existen dos de inconstitucionalidad presentadas y admitidas. Una se tramita bajo los expedientes 18-004106-0007-CO y la presentó el Colegio de Abogados.
Esta acción pretende que se declare inconstitucional el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la CCSS y los artículos 1 y 2 del Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores.
La otra acción se tramita bajo el expediente 17-011922-0007-CO, se presentó en contra de las escalas contributivas de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios aprobadas por la junta directiva.
Además existen más de 1.500 coadyuvancias en la Sala Constitucional.