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El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, consideró que el modelo actual de nombramiento y reelección de magistrados “podría estarle llegando su hora” y señaló como una alternativa constitucionalmente válida establecer cargos por un plazo fijo.
Castillo se refirió al tema durante su comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
Aunque aseguró que cree en el sistema vigente, reconoció que existe una discusión sobre la necesidad de modificarlo.
“En particular yo creo en el modelo actual, pero sí estoy consciente que al modelo actual parece que le está llegando su momento. Cuando llegué a la Corte el 18 de noviembre de 2009, de los que estábamos en ese año, hoy solo habemos cinco magistrados, lo cual significa que en menos de 16 años la CSJ se ha renovado en un 80%”, afirmó.
Actualmente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por periodos de ocho años y se consideran automáticamente reelegidos, salvo que dos terceras partes de los diputados acuerden lo contrario, es decir, que reúnan 38 votos que se opongan a la reelección.
Castillo planteó que una posible reforma podría establecer que las magistraturas tengan un periodo definido de 12 o 16 años, sin posibilidad de permanecer indefinidamente en el cargo.
Por otra parte, el magistrado aseguró que la Asamblea Legislativa está obligada a votar la nómina de candidatos a magistrados suplentes, aunque aclaró que esto no garantiza que alguno resulte electo.
No obstante, evitó pronunciarse sobre la forma en que deben votar los congresistas y señaló que esa decisión corresponde a una valoración política.
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal coincidió con Castillo en que el sistema vigente ha permitido cierta estabilidad e independencia, debido a que resulta difícil impedir la reelección de un magistrado por una sentencia que disguste a un sector político, aunque reconoció que el debate actual apunta hacia la inconveniencia de mantener ese modelo y propuso establecer un único periodo prolongado.
Carvajal explicó que la posibilidad de una reelección puede convertirse en un riesgo para la independencia judicial, debido a que las decisiones adoptadas durante el ejercicio del cargo podrían influir posteriormente en la votación legislativa.
“En mi opinión, el mayor peligro contra la independencia de una persona en un cargo de esa naturaleza no ocurre cuando se le nombra, ocurre con la reelección, porque le pueden cobrar o la pueden premiar por una decisión”, afirmó.