La tortura a personas menores de edad y otros métodos de castigo infantil serán sancionadas hasta con 15 años de cárcel.
De forma definitiva, los diputados de la República aprobaron el expediente 21.410, que establece sanciones de tres a quince años a las personas que usen métodos de tortura que afecten gravemente la integridad física, mental o emocional de la víctima
Misma pena será para personas que afecten la dignidad humana, desarrollo físico o capacidad mental de la víctima.
Castigo similar en caso de discriminación o por razones fundadas en la pertenencia a un grupo racial, étnico, nacionalidad, religioso, o definido por su edad, sexo, orientación sexual, opinión política, condición migratoria, discapacidad o características genéticas y cualquier otra condición.
“Para nosotros es un gran logro que se haya aprobado este proyecto. Desde el 2015 conocí datos de tortura infantil en Pérez Zeledón, Upala y Los Chiles. Aunque no lo queramos aceptar, es una realidad y no estaba tipificado como agravante. Era urgente avanzar en este proyecto”, dijo el proponente de ley, Jonathan Prendas.
Vale mencionar que el proyecto no se queda solo con el tema de menores de edad.
Se plantean sanciones de tres a quince años a quienes, por comisión u omisión, causen intencionalmente dolor o sufrimientos a una persona en custodia o control.
Lo mismo aplicaría para el funcionario público que obtenga información con métodos de coacción o intimidatorios.
Finalmente, la misma norma aplicará para la persona que amenace o utilice violencia como castigo o como un método para amedrentar, controlar o explotar a la víctima, al médico que participe o colabore en la perpetración o encubrimiento del delito de tortura.
En caso de que los actos se realicen a personas menores de edad, se incrementará en un tercio las penas establecidas en este artículo. “Esperamos que todas esas tipificaciones sirvan para que la gente entienda que a los niños se les debe tener toda la delicadeza del planeta”, concluyó Prendas
A partir de la aprobación del proyecto de ley, el texto pasa a manos del Poder Ejecutivo para convertirse en ley de la República.