¿Ha escuchado usted sobre casos donde una persona estuviera tomándose un trago en una fiesta y le intentaran colocar algún tipo de pastilla, droga o sustancia química? Ahora esto sería penado hasta con 18 años de cárcel.
La iniciativa fue presentada por Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
En concreto, se plantea una serie de modificaciones al Código Penal para tipificar cualquier “sumisión química” dentro de los delitos sexuales.
Así, la pena irá de 12 a 18 años cuando el autor cometa una violación calificada y haya mediado el suministro de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia química o natural.
Cabe señalar que una violación calificada se configura cuando el autor, sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima, produzca un grave daño en su salud, un embarazo, la conducta se cometa con el concurso de una o más personas, entre otros motivos.
El proyecto de Ruiz, además, plantea que quien le introduzca el pene por vía oral, anal o vaginal a una mujer contra su voluntad será sancionado con doce a dieciocho años de prisión.
No obstante, lo nuevo en la normativa es que la pena incrementaría en un tercio más cuando el autor de los hechos haya anulado a la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia química o natural idónea a tal efecto.
“La sumisión química es una de las formas de violencia que se presentan en la comisión de delitos sexuales y cuya comisión tiene el objeto de coartar la libertad de las mujeres por el hecho de serlo. La utilización de la sumisión química como forma de cometer agresiones sexuales constituye una conducta premeditada que se realiza ya sea mediante la administración de sustancias químicas en bebidas o cualquier otro método de introducción en el organismo.
El victimario coloca a la víctima en condiciones de vulnerabilidad y sedación que anulan su voluntad y capacidad de brindar consentimiento con la finalidad de consumar una agresión sexual. La sumisión química constituye una conducta dolosa, cuyo autor utiliza métodos equiparables a la violencia e intimidación.
Esos delitos sexuales buscan poner a la víctima en una situación de privación total del sentido, estados de inconsciencia en los que la persona no está en condiciones para consentir por tener anuladas sus facultades intelectivas y volitivas”, sostiene la legisladora.
De acuerdo con datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, durante 2022 los delitos de ámbito sexual representaron el 6% (12.083) de la totalidad de las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público contra mayores de edad.
También, las cifras del Ministerio Público señalaron un aumento del 76% en las denuncias por delitos sexuales entre 2022 y 2023, durante este último año hubo un total de 24.911.
El crimen más denunciado, según los datos, fue el de abuso sexual contra menores de edad e incapaces.