Casos de salud, ROP y acceso a justicia sin resolverse 

Expedientes relacionados con salud, pensiones, Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), acceso a la justicia y mora judicial figuran entre los principales casos que no se han podido resolver en la Sala Constitucional debido a la falta de magistrados suplentes.

Del total de 86 expedientes con inhibitorias registradas ante la Sala IV, 69 correspondieron a recursos de amparo, lo que representa aproximadamente el 79% de los casos analizados.

Según el documento, los expedientes estuvieron vinculados principalmente con pensiones, seguridad social y entrega del ROP, además de asuntos relacionados con el derecho a la salud y la protección de personas en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, se identificaron casos asociados con mora judicial, acceso a la justicia y conflictos derivados de decisiones jurisdiccionales.

El análisis también incluyó expedientes relacionados con procedimientos administrativos, debido proceso y acceso a información pública, principalmente por solicitudes dirigidas a instituciones del Gobierno y municipalidades.

En cuanto a la cantidad de magistrados inhibidos por expediente, el informe detalló que en 39 casos se inhibió un solo magistrado, mientras que en 36 expedientes la inhibición correspondió al pleno de siete magistrados.

Además de los recursos de amparo, el reporte contabilizó 11 acciones de inconstitucionalidad, tres acciones, un hábeas corpus, una consulta constitucional y una consulta judicial.

El magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, advirtió que el atraso se debe a la indecisión que existe en Cuesta de Moras.

“Conforme pasa el tiempo y así lo demuestran los datos objetivos de la Sala Constitucional, la demora en el nombramiento de los magistrados suplentes hace que cada día se acumulen más asuntos donde se viola el derecho fundamental de los habitantes de la República a una justicia pronta y cumplida”, manifestó.

Castillo señaló que muchos de los casos pendientes involucran derechos fundamentales y derechos humanos, por lo que insistió en la necesidad de resolverlos dentro de un plazo razonable.

“No podemos perder de vista que cuando se trata de derechos fundamentales o derechos humanos, como dice la Convención Americana, se tiene que resolver estos asuntos en un plazo razonable. Hay asuntos que ya tienen más de seis meses que no se han podido tramitar a consecuencia del retardo en el nombramiento de los magistrados suplentes”, añadió.

El presidente de la Sala IV afirmó que el tribunal tiene limitaciones para actuar mientras existan inhibitorias sin sustituciones aprobadas. 

“Sobre este hecho es poco lo que puede hacer la Sala, toda vez que, al estar inhibidos los magistrados, no es posible que el tribunal pueda resolver ni siquiera tramitar estos asuntos, lo cual es lamentable desde el punto de vista de un Estado social y democrático de derecho”, concluyó.