Caso UPAD debe seguir avanzando

Este martes la Corte Suprema de Justicia confirmó que se realizará una investigación en contra del expresidente de la Sala Tercera, Jesús Ramírez Quirós, sobre el caso de la UPAD.

Ojalá que dicha investigación que estará a cargo del magistrado Román Solís Zelaya no quede en nada, como lamentablemente muchas veces pasa en casos tan importantes para la credibilidad de las instituciones y el funcionamiento del Estado.

Esperemos que así como parece que avanzan las cosas en el Poder Judicial, también se pueda llegar a sentar responsabilidades políticas contra el gobierno por esta unidad espía.

A pesar de que en estos momentos la mayoría de costarricenses estamos preocupados por todos los cambios y afectaciones que ha generado la pandemia del Covid-19, no debemos olvidar lo relativo al caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

No puede ser que una pandemia nos distraiga. La rendición de cuentas, la transparencia y principalmente las consecuencias políticas que debe asumir este gobierno son indispensables para seguir jactándonos de una democracia.

Es urgente que se llame a comparecer a responsables como el propio presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, quien fue el que ordenó la creación vía decreto de este invento, que sin lugar a dudas le pasó por encima a la privacidad de los costarricenses.

La pretensión del Ejecutivo acabó en un allanamiento a Casa Presidencial y al despacho del mandatario, hecho sin precedentes en la historia del país.

La UPAD, que funcionó como una instancia asesora de Alvarado Quesada para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución de facilidades en el acceso a la información del Gobierno Central e instituciones autónomas, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.

Asimismo, se ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.

Estas atribuciones fueron motivo de una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales; además, provocaron que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.

Luego de recibir tres denuncias penales se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.

Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio, acompañada de 50 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, fiscales, magistrados, jueces y demás personeros judiciales allanaron Casa Presidencial, donde decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.

Paralelo a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también se realizaron en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

Aún falta mucha tela que cortar en cuanto a las intenciones y planes del gobierno en la creación de la UPAD.

Tampoco se debe olvidar que, según la propia Casa Presidencial, el gobierno planeaba que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiara dicha unidad espía.

Ese era uno de los motivos por los cuales el decreto que daba figura jurídica a la UPAD fue declarado de interés público.

En el gobierno también buscaban plata del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Ojalá y al menos este caso no quede en el papel o en una gaveta.