Caso Monteverde expone vacíos en protocolos de seguridad

En 2025 se cumplieron 21 años del atentado al Banco Nacional en Monteverde, que dejó como saldo nueve personas fallecidas, entre ellas civiles, oficiales de policía y asaltantes. Con base en este antecedente, Diario Extra consultó al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, sobre si el país está preparado actualmente para enfrentar una crisis de esa magnitud.

Zamora señaló que Costa Rica carece de un protocolo claramente establecido que defina, en papel, quién debe asumir el mando en una eventualidad de este tipo. Por ello, hizo un llamado a las autoridades competentes para conformar una mesa de trabajo interinstitucional.

“Hace unos años se creó una comisión legislativa para analizar los hechos ocurridos en Monteverde. Una de las principales conclusiones fue que el país no contaba con un protocolo claro con responsabilidades específicas sobre quién debía actuar ante una crisis de este tipo”, explicó el jerarca.

Asimismo, Zamora manifestó que la creación del Servicio de Respuesta Táctica (SERT) ha generado incertidumbre operativa, al no estar claramente definida la autoridad de actuación en escenarios de alto riesgo.

“¿Quién está a cargo de este tipo de operaciones? ¿El OIJ, a través del SERT y la Fiscalía, o el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Seguridad y la Presidencia, con unidades como la Policía Especializada de Apoyo o la UEI, que es el grupo técnico mejor preparado del país?”, cuestionó el ministro.

Zamora indicó que, ante esa falta de definición, hace un año y medio se envió una carta a la Fiscalía General de la República para advertir sobre la necesidad de construir un protocolo nacional de respuesta.

“Invitamos a la Fiscalía a proseguir con los esfuerzos conjuntos para redactar un protocolo que nos dé claridad táctica y estratégica sobre cómo actuar ante una crisis de seguridad”, añadió.

Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aseguró que la institución ya cuenta con un protocolo especializado para responder a este tipo de crisis.

“El OIJ sí tiene un protocolo. Incluso fue comunicado a la Fuerza Pública cuando don Michael Soto era ministro de Seguridad. Hay ciertos incidentes que el OIJ no atiende, y son cubiertos por la Policía, según el tipo de caso”, declaró Zúñiga.

Además, señaló que no se requiere legislación para regular estas situaciones, ya que existen reglamentos internos.

“Aunque no hay una ley específica, sí hay reglamentos internos que determinan quién actúa. Todo depende del lugar y la naturaleza del evento: si es en un aeropuerto, actúa la Policía Aeroportuaria; si se trata de investigación criminal, actúa el OIJ; si es una amenaza terrorista o un asunto de seguridad nacional, corresponde a la UEI del Ministerio de Seguridad”, finalizó.

Sobre el hecho

El 8 de marzo de 2005, tres hermanos nicaragüenses identificados como Santos Agenor Hurtado Martínez, Santos Marjorie Cruz Martínez y Erlyn Hurtado Martínez, ingresaron armados al Banco Nacional de Monteverde, disparando contra las personas presentes. En el ataque inicial murieron dos funcionarios del banco: Rosa Ángela Marchena Cruz, de Servicio al Cliente, y Juan Pablo González Ledezma, jefe de Crédito.

Además, cuatro clientes Víctor Badilla, María Rosa Bolaños, William Suárez y Mario López también fallecieron.

Dos de los asaltantes, Agenor y Marjorie, fueron abatidos por un guarda de seguridad dentro del banco. Erlyn, sin embargo, logró ingresar al edificio y, al verse rodeado, tomó como rehenes a más de 30 personas.

Durante el operativo, varias personas heridas permanecieron dentro del banco. Las autoridades desplegaron vigilancia aérea y enviaron al sitio a oficiales del OIJ, Fuerza Pública y la Unidad Especial de Intervención (UEI).

El 9 de marzo, durante una incursión policial para evacuar rehenes, una ráfaga de disparos cobró la vida del oficial Óscar Quesada Fallas, conocido como “Máquina”.

Tras varias horas de negociación, pasadas las 7:00 p.m., Erlyn Hurtado se rindió y entregó sus armas. Fue detenido en el lugar. El saldo final: nueve personas fallecidas.

El 20 de diciembre de ese mismo año, Hurtado fue condenado a 210 años de prisión, reducidos a 50 años según la legislación costarricense. 

Cumple su condena en la cárcel de máxima seguridad La Reforma. En 2011, se registró un intento de fuga en ese centro penitenciario, en el que participaron siete privados de libertad, entre ellos Hurtado, quien resultó herido y frustró su intento de escape.