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El polémico caso “Madre Patria” podría caerse en los estrados judiciales.
Lo anterior luego de que los defensores de los 42 imputados alegaran errores procesales que, según ellos, podrían invalidar toda la investigación penal e incluso, liberar a sus clientes.
El pasado lunes, los abogados defensores solicitaron al Tribunal Penal de San José la recusación del fiscal del caso y denunciaron que existen expedientes paralelos en tribunales de San José y Goicoechea, con los mismos hechos y personas imputadas. Esto, según argumentan, plantea un problema de doble jurisdicción y falta de competencia.
Uno de los defensores, Rodrigo Vázquez, explicó a Diario Extra que los delitos investigados, al tratarse de fraudes registrales cometidos en el Registro Nacional, deberían ser conocidos por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José (Goicoechea).
“Hay causas acumuladas que aún se tramitan en Goicoechea y otra en Pavas. No se ha hecho una acumulación total. Por tanto, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial (San José) no es competente para conocer el caso y lo actuado sería ineficaz”, señaló Vázquez.
De acogerse ese criterio, las defensas pedirían anular todo lo actuado, incluidas las intervenciones telefónicas, allanamientos, medidas cautelares e incautaciones, al igual que ocurrió en el caso “Topo”.
La solicitud de las defensas ya está en manos del Tribunal Penal de San José, que deberá decidir si hubo un error de competencia que afecte la validez del proceso.
Además, el lunes pasado se suspendió la audiencia de prórroga de prisión preventiva, debido a que algunas defensas no fueron notificadas sobre adiciones y aclaraciones del expediente.
Se solicitó una posición del Ministerio, sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta.
Alegato de los abogados
• Los abogados insisten en que el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impide que un juzgado ordinario intervenga en una causa ya conocida por otro órgano jurisdiccional.
Sobre la investigación
• El caso Madre Patria refiere a investigación de fraudes registrales a adultos mayores y personas con discapacidad donde, en apariencia, habrían participado funcionarios públicos.
• En apariencia, una estructura criminal obtenía ilegalmente propiedades registradas o incluso algunas en desuso; Posteriormente las vendían a otras personas.
• Debido a que los notarios se prestaban para estas transacciones fraudulentas, la organización delictiva lograba mover hasta tres o cuatro veces una propiedad antes de conseguir sacar provecho económico. En un solo día, dicha estructura criminal tranzó $13 millones de dólares en Bitcoins.
• El expediente involucra a dos empresarios españoles, 12 notarios, cinco policías, un juez y tres funcionarios judiciales, investigados por fraudes registrales, estafa mayor, lavado de dinero y delitos de corrupción. Además, salpicó al diputado del PUSC, Leslye Bojorges y la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez.