Caso George Angulo: Banda habría exigido pagos en Bitcoin para liberarlo
Y otra víctima, según acusación del Ministerio Público
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Una organización acusada de cometer secuestros extorsivos habría exigido a las familias de sus víctimas el pago de rescates mediante Bitcoin, según la pieza acusatoria expuesta este lunes por el Ministerio Público.
Los detalles fueron revelados por el fiscal Jonathan Chacón Segura, durante el inicio del juicio contra 13 personas en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO), donde figura como una de las víctimas el empresario Jorge Angulo, propietario de una reconocida cadena de gimnasios.
Según la Fiscalía, los acusados se habrían asociado desde días previos al 5 de enero y hasta el 5 de julio de 2023, con una estructura en la que cada integrante cumplía funciones específicas para ejecutar los secuestros, mantener cautivas a las víctimas y posteriormente recibir y distribuir el dinero.
“Se asociaron ilícitamente con la finalidad de cometer delitos, específicamente secuestros extorsivos (…) exigieron a cambio de la liberación de las personas secuestradas un pago económico en moneda virtual Bitcoin y/o su equivalente en moneda Fiat o fiduciario en efectivo”, indicó Chacón durante la lectura de la acusación.
Fiscalía señala supuesto líder
La pieza acusatoria identifica a Madrigal Calvo como supuesto líder de la organización. Según el Ministerio Público, habría coordinado y girado instrucciones a otros miembros, además de recibir dinero en efectivo producto de los secuestros para posteriormente distribuirlo entre quienes participaron en los hechos.
Otros acusados habrían tenido como función realizar labores de inteligencia y seguimiento de las víctimas, conducir los vehículos utilizados para ejecutar los secuestros y custodiar a los ofendidos mientras permanecían privados de libertad.
La acusación también describe una estructura encargada específicamente del manejo de los rescates mediante criptomonedas.
De bitcoin a efectivo
De acuerdo con la Fiscalía, Vargas Arce y Jiménez Ibarra habrían coordinado la creación de billeteras virtuales o “wallets”, cuyas direcciones eran suministradas a las familias para efectuar los pagos.
Una vez recibido el rescate, presuntamente se coordinaba la conversión de las criptomonedas hasta obtener dinero en efectivo, que finalmente llegaba a manos del supuesto líder.
El Ministerio Público atribuye a Acevedo Carmona otra parte del proceso: habría recibido bitcoins y posteriormente los convertido a Tether (USDT).
“Realiza el cambio de la moneda virtual Bitcoin BTC a la moneda virtual Tether o USDT, luego diluye el dinero transfiriéndolo a otras billeteras virtuales, wallets, para finalmente cambiar el dinero (…) a efectivo”, señaló el fiscal al leer la pieza acusatoria.
Vargas Miranda, Brenes Arce, Sandoval Silva y Obregón Zamora también son señalados por la Fiscalía por presuntamente participar en diferentes etapas de la recepción, distribución, conversión o entrega del dinero.
Dinero habría terminado en bienes y créditos
La acusación sostiene, además, que parte de las ganancias obtenidas mediante los presuntos secuestros habría sido utilizada para adquirir bienes muebles a nombre de algunos integrantes.
En otro de los casos señalados, el dinero habría sido introducido al sistema financiero nacional mediante la cancelación de créditos previamente constituidos.
Estas acciones forman parte de los hechos por los cuales algunos de los acusados también enfrentan señalamientos por legitimación de capitales.
Cambiaban teléfonos para evitar ser detectados
La Fiscalía sostiene que la organización también habría tomado medidas para dificultar el seguimiento de sus comunicaciones.
Durante el periodo investigado, los acusados presuntamente utilizaron distintas líneas y aparatos telefónicos que cambiaban constantemente.
Según la pieza acusatoria, esto tenía como objetivo “evitar ser evidenciados por las autoridades”.
La investigación está relacionada con dos secuestros ocurridos durante 2023. Entre las víctimas mencionadas en la causa se encuentra Jorge Alberto Angulo Solano, hijo de un exdiputado y propietario de una cadena de gimnasios.
La pieza acusatoria también menciona a Carlos Alberto Moreno entre las víctimas de los hechos atribuidos a la presunta organización.
Los acusados enfrentan señalamientos por delitos que incluyen secuestro extorsivo agravado, robo agravado, uso ilegal agravado de uniformes, insignias o dispositivos policiales y legitimación de capitales.
Los sospechosos fueron detenidos en julio de 2023 durante nueve allanamientos efectuados por agentes del OIJ en diferentes puntos del país.
El juicio contra las 13 personas está programado para extenderse hasta el 18 de diciembre.