El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó la solicitud de la Fiscalía Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de medidas cautelares en contra de tres sujetos por la presunta tala de árboles en Manzanillo, en terrenos que pertenecerían al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Limón.
Se trata del empresario de apellidos Pacheco Dent y tres funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de apellidos Campbell, Cruz y Salas quienes son sospechosos de los delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
“La resolución del juzgado ya fue notificada a las partes”, informó el Poder Judicial.
EL CASO
Las Fiscalías Adjunta Agrario Ambiental y Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investigan aparentes irregularidades en la emisión de permisos de aprovechamiento forestal en Manzanillo, en el cantón de Talamanca.
Las personas que están siendo indagadas son un empresario, un regente forestal y funcionarios del Sinac. Esto es lo que podría considerarse una estructura.
El Ministerio Público indicó que en apariencia se buscaba cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales con el presunto fin de desarrollar una infraestructura urbanística.
A pesar de que el cambio de suelo es considerado como delito ambiental, expertos han mencionado que estos temas eventualmente podrían ser señalados como causas de crimen organizado si existe una estructura alineada o hay sospechas por temas de probidad.
A mediados de julio detuvieron a estas personas, como parte de la investigación, ya que en apariencia también hubo irregularidades para emitir los permisos de aprovechamiento forestal.
¿QUÉ HABÍA SOLICITADO LA FISCALÍA?
Por el caso, que se encuentra bajo el expediente 24-000003-0611PE, el Ministerio Público previamente había solicitado en contra de Pacheco medidas como suspender inmediatamente todo aprovechamiento forestal en dichas fincas, así como el transporte de madera proveniente de estas; depositar, ante el Juzgado Penal de Hacienda, el pasaporte y se le impida la salida del país; presentarse a firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con sede en Pococí; entre otras restricciones.
Mientras que, en contra de los funcionarios del Sinac, se solicitó la suspensión en el ejercicio del cargo, no acercarse a las oficinas del Sinac y no tener contacto perturbatorio con testigos.
Sin embargo, tras el rechazo de la gestión, los tres quedan en libertad sin ninguna medida cautelar.