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La ejecución del Caso Éxodo marcó uno de los operativos más contundentes contra la legitimación de capitales en Costa Rica. La causa, liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Narcotráfico, desarticuló una red que inyectó ganancias del tráfico local de drogas en la industria del entretenimiento, el sector inmobiliario y el comercio transfronterizo de metales.
El expediente hunde sus raíces en enero de 2025, cuando las autoridades asestaron el primer golpe bajo el denominado Caso Granero. En esa oportunidad, se interceptó al presunto cabecilla de la organización, un hombre de apellido Vargas conocido como “Sobrino”, tras una persecución en Granadilla que derivó en la colisión de dos vehículos tácticos del OIJ.
A la banda se le decomisaron en esa etapa cerca de ¢800 millones en efectivo, bienes y joyas, incluyendo ¢42 millones en prendas ostentosas pertenecientes al propio Vargas.
A pesar de que los principales mandos ingresaron a prisión preventiva desde entonces, la Fiscalía detectó el fenómeno de “persistencia criminal”. La estructura continuó operando desde los centros penales, lo que motivó el despliegue de 22 allanamientos simultáneos. Las diligencias culminaron con la captura de 18 personas, el decomiso de 17 armas y la inmovilización proyectada de ¢700 millones en propiedades y vehículos de alta gama.
El pilar más vistoso de la causa involucra al negocio del entretenimiento. Según el director interino del OIJ, Michael Soto, la banda de alias “Sobrino” invirtió al menos $859.000 (más de ¢430 millones) en tres actividades de eventos masivos realizadas entre 2024 y 2025. Los recursos habrían sido ingresados en dinero en efectivo para burlar los controles financieros.
Esta línea salpica directamente a los productores Don Stockwell y Hugo Barboza Benavides (propietario de H Barboza Producciones), así como a la esposa de este último. Ambos fueron detenidos en sus residencias durante las irrupciones tácticas.
Durante el procedimiento en Pozos de Santa Ana, la Cruz Roja debió enviar una ambulancia a las 5:18 a. m. para valorar y estabilizar a Stockwell por una complicación de salud, sin requerir traslado hospitalario.
El expediente también salpica la escena política y la cooperación internacional. Registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirman que Stockwell aportó ₡14.166.060,27 en contribuciones en especie a la campaña de 2026 de Unidos Podemos, además de un antecedente de ₡9,5 millones al Movimiento Libertario en 2010.
Asimismo, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) confirmó que sostuvo una reunión en la Asamblea Legislativa con Stockwell y el equipo de Snoop Dogg para un proyecto cultural, aclarando que actuaron de buena fe.
Por su parte, el Fiscal General, Carlo Díaz, confirmó la colaboración del FBI. La agencia estadounidense brindó apoyo técnico para rastrear la exportación de “chatarra de oro” (oro fundido) extraída de una finca vinculada a alias “Sobrino” en Crucitas y enviada hacia los Estados Unidos.
A pesar de la alianza internacional, el OIJ descartó extradiciones para los imputados, al centrarse la investigación en el tráfico local de drogas y su ramificación en ganadería, lotería clandestina y préstamos “gota a gota”.


