Acciones legales señalan negativa de audiencias previas a intervención
Grupos de inversionistas afectados por la intervención de la Financiera Desyfin se han organizado para presentar acciones legales en contra del proceso que han ejecutado la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Por ello, acudieron a la Sala Constitucional y plantearon demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque consideran que se han visto perjudicados por las acciones que se ejecutan desde el 13 de agosto de 2024.
Una solicitud emitida a la Sala IV, y que fue admitida por los magistrados para estudio, pide que se declaren inconstitucionales los artículos 39, 52 y 53 de la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, así como los artículos 139 bis y 161 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Uno de los principales reclamos es que a los inversionistas, acreedores y accionistas se les impide el ejercicio de cualquier acción jurisdiccional en defensa de su patrimonio y se les niega la participación en el procedimiento de resolución.
“La ley establece que cuando la Sugeval o la Sugef considera que una entidad tiene una irregularidad, le corresponde hacer un informe inicial, que debe conocerlo la entidad financiera y dan 10 días para apelarlo ante Conassif”, consignó Sergio Artavia, experto en juicios civiles y concursales.
Artavia explicó que en el caso de la entidad financiera no se le permitió hacer los descargos de los señalamientos, y esto es lo que reclaman ante la Sala Constitucional. Sostuvo que, si se hubiera dado esa audiencia previa, habría grandes posibilidades de que interesados en la cartera crediticia pudieran adquirirla, y así cubrir a ahorrantes e inversionistas.
En relación con la demanda ante el Contencioso Administrativo, piden que se les devuelva el dinero que brindaron y los intereses de ley.
Entidades responden
La Sugef y el Conassif dieron respuesta a la acción legal presentada ante el Contencioso Administrativo y argumentaron que es inexacto lo señalado por los accionantes sobre que la intervención se hizo sin un llamado previo.
Además, externaron que se “omiten de manera conveniente” las razones y fundamentos que dieron origen a esta acción en la entidad financiera.
“Tal como puede advertirse, tanto el informe de Sugef comunicado y lo ordenado por el Consejo al acordar la intervención y resolución, encuentra reparo en la legislación aplicable”, añadieron.
Ni se les pide opinión
Para Kendall Ruiz, de la firma Aselecom Abogados, la figura del resolutor tiene mucho poder y brinda nula participación a quienes pusieron el dinero en la financiera y se encuentran en incertidumbre.
“A como está regulado, el resolutor tiene demasiadas facultades, una persona cuenta con el poder de decisión total y absoluto, sin que pida opinión a los inversores”, declaró.
Por eso consideró que es normal que las personas presenten medidas cautelares en contenciosos y otras acciones para evitar pérdidas de su patrimonio.
Carlos Fernández, exgerente del BCCR, afirmó que el tiempo sigue pasando para la Sugef y no puede abandonar la venta de los mejores activos, así como los que no tienen tan alta calidad. Por otra parte, dijo esperar que el caso de Desyfin, al tener menos afectados, resultara más fácil de resolver que el de Coopeservidores.
Diario Extra también pidió declaraciones al representante legal de Desyfin y se está a la espera de la respuesta, ya que al cierre de la edición no habían contestado.
Kendall Ruiz
Abogado
“El resolutor tiene demasiadas facultades, una persona cuenta con el poder de decisión total y absoluto, sin que pida opinión a los inversores”.
